Gijón, en una misión unánimemente compartida por todos los grupos políticos y agentes sociales que definen el rumbo de la ciudad, debe encaminarse hacia un mayor impulso del sector de las tecnologías, concebido como la quintaesencia de la nueva economía. Quizás no haya tarea que concite tan alto nivel de consenso como el desarrollo de acciones, con la amplitud que se pueda, destinadas a potenciar el tejido empresarial de las TIC en todos sus ámbitos. La experiencia acumulada a lo largo de más de dos décadas en la Milla del Conocimiento Margarita Salas ha puesto de manifiesto, a todas luces, que esta ciudad ha encontrado en este campo uno de los tres grandes pilares que sustentan la riqueza. Junto a la industria, que debemos preservar, y el turismo, que está adquiriendo una relevante fortaleza, el despliegue de empresas de base tecnológica se ha convertido, indudablemente, en fuente de prosperidad económica. Por ello, desde el presente que estamos viviendo, fiar nuestro futuro al crecimiento del sector es absolutamente prioritario.
Pero el Ayuntamiento no puede hacerlo solo. Necesita la alianza del resto de las instituciones. El esfuerzo requerido para seguir construyendo nuestro particular ‘Silicon Valley’ sobrepasa las posibilidades de la administración local. No estamos en condiciones de repetir la obra de los años noventa, cuando el Consistorio de entonces, en solitario, consiguió sacar adelante, entre los recelos capitalinos, el primer parque científico y tecnológico de carácter municipal de esta país. Un centro cuyo éxito además le ha llevado a ser referente en el Norte de España.
Ahora tenemos que abordar su ampliación. El gobierno local ha cerrado un acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social para adquirir la finca de La Formigosa por más de ocho millones de euros, que iremos pagando a plazos, con el fin de acometer la expansión. La puesta en marcha del proyecto para extender el parque por este suelo y el de la antigua Pecuaria supondrá una ingente inversión, que únicamente será posible emprender con una amplia colaboración público-privada. El respaldo no puede ser exclusivamente moral.
De ahí que cobre una especial intención el interés de la sociedad estatal Sepides por el plan para incrementar el espacio de la Milla en un entorno, además, sumamente atractivo para la implantación de empresas foráneas de corte científico y digital. Sepides puede ser un magnífico socio, como lo ha demostrado en Avilés y como se está convirtiendo también en la ZALIA. La aportación del organismo permitirá resolver en un año el estado latente en el que está inmersa la zona logística desde hace más de una década. La intervención de Sepides en Gijón, por otro lado, es de justicia. Esta ciudad ha sufrido, como otras, la dureza de las reconversiones de los sectores básicos de la economía regional que dependían del Estado sin que la sociedad pública tenedora asomara por aquí la cabeza. Hay quien lo llama deuda histórica. Vale más tarde que nunca. El proyecto del parque tecnológico es una buenísima oportunidad para contribuir a la dinamización que se necesita.
Otro espacio llamado a completar la inmersión en este sector es el suelo de Naval Gijón. La transformación de este terreno ahora yermo en un emplazamiento de economía azul no puede quedar en una mera declaración de interés. Existe un ecosistema suficiente para alimentar el plan con proyectos, pero tropezamos con la misma piedra que en el relato anterior. No solo se trata de expresar buena voluntad, sino de tener capacidad financiera para afrontarlo. Nuevamente, un Ayuntamiento, que suma una deuda de cien millones de euros, la mayor de su historia, no puede abordar por su cuenta y riesgo una operación de este calibre. Ni aún confiando en la llegada de fondos europeos se lograría si no se producen sinergias con el resto de las administraciones. La idea de ese ‘Gijón azul 4.0’ en la extensa parcela que ocupaba el astillero está condicionada por sus propietarios, la sociedad de reconversión Pymar y el propio puerto. En ambos casos, el objetivo es hacer caja con dicho patrimonio, cuando alguien tendría que decirles que debería primar el interés general. En lugar de obligar al Consistorio a desembolsar una millonada para disponer del predio se deberían de estudiar otras fórmulas. Por ejemplo, una sociedad mixta entre las partes, aportando terreno ya público el que lo tenga y dinero hasta donde se pueda para llevar adelante el proyecto.