En la administración municipal, como ocurre en otros ámbitos de la vida política institucional, se llevan a cabo tareas visibles, disfrutables directamente por el vecindario, que van dando o restando votos en función de cómo se valore el resultado y que, por lo tanto, son más tangibles socialmente que aquellas otras que se emprenden, digamos, de puertas adentro, aunque no por ello menos trascendentales para la ciudadanía. Unas y otras son relevantes, todas ellas llevan impregnadas las querencias del gobierno de turno, pero en un consistorio caracterizado por la mayor fragmentación política de la historia democrática es más fácil el consenso sobre lo que no se ve o no se toca que sobre aquellas actuaciones, sean obras o servicios, fácilmente juzgables por el público votante, que al final es el llamado a dictar veredicto.
Hace unos días, a mitad de semana, el equipo gobernante, acompañado de los portavoces de Ciudadanos y Podemos, inauguraron la nueva senda del parque de Isabel la Católica, otrora avenida de El Molinón, como expresión del modelo de ciudad al que se aspira. En realidad, poco que objetar a un paseo que responde, de forma ortodoxa, a los dictados de la religión verde en la que estamos inmersos, cambiando coches y asfalto por caminos a pie y pradería, más sostenible todo y, desde luego, tan saludable como el propio chuletón al punto que recomienda Pedro Sánchez.
Lástima que no vaya a correr la misma suerte el parque Inglés, totalmente aniquilado, abocado a mantener la condición de aparcadero de vehículos y explanada de saraos como lugar polivalente. El concejal de Movilidad enmarcó la creación de la senda como un entronque entre el parque fluvial del Piles y la futura renaturalización del cauce y la playa de El Arbeyal, con mucha reforma y transformación urbanística pendiente de hacer.
La idea no es nueva en cuanto que fue iniciada en la primera etapa como alcalde de Tini Areces, a principios de los noventa, continuada luego por Paz Felgueroso y hasta hoy sin más solución de continuidad que el paso susodicho y el ‘cascayu’ pintado en el Muro. El paseo de El Molinón, del que desconozco si mantendrá ese nombre o se lo dedicarán a alguna personalidad, es el primer prototipo real de lo que se quiere extender por el casco urbano. Y probablemente el único posible que se pueda acometer y finalizar en este mandato. Los grupos de la derecha (PP, Foro y Vox) advirtieron que cuando gobiernen volverán a recuperar la avenida. Semejante declaración es de una demagogia supina, solo atribuible a alguien que ya no se vea en la próxima corporación.
Entre esas cosas menos tocables a las que antes hacíamos referencia figuran los cambios normativos de carácter más interno, pero que de una manera u otra también nos afecta como administrados. Si en algo está siendo activo el consistorio es en poner la casa en orden. Después de las regulaciones de residuos y de la movilidad, que vienen a transformar los hábitos de los gijoneses, los munícipes ya tienen preparada la aprobación, con el acuerdo de todos los partidos, de la ordenanza para la organización, funcionamiento y régimen jurídico del Ayuntamiento.
Además de regular la tarea de la sede electrónica municipal, siempre mejorable, pone un poco de sentido común a la concesión de distinciones y medallas de la villa y a la elección de nombres para los espacios públicos de la ciudad. El sistema empleado estos últimos años para decidir los honrados por tan altos tributos, bien para el cuadro de honores o para las placas de las calles, se convirtió en un desmadre político. Frente al partidismo, la afinidad o el pago de favor, se establecen criterios más claros en un intento de conseguir mayor objetividad y transparencia.
En la antesala de las reformas jurídicas también hay dos textos pendientes, de imperiosa necesidad, para los que no se deberían de escatimar esfuerzos en lograr que salieran adelante con el apoyo de todos los escaños. Son las disposiciones que deberán reorganizar las ayudas sociales y de emergencia que otorga la administración local y las subvenciones municipales a las entidades. En ambos casos se espera que el acuerdo, además de mejorar los controles, tenga en cuenta aquellos mismos principios: claridad, transparencia y objetividad.