Ya lo comentamos en alguna otra ocasión, pero es innegable que las tres empresas municipales de Gijón tienen un papel protagonista en la revolución ambiental en la que estamos inmersos. Las tres joyas del sector público local se están convirtiendo en el vehículo para ejecutar la política de quienes dirigen la irremediable reconversión hacia una ciudad verde, ecológica, sostenible y todo el conjunto de adjetivos que acompañan la ‘nueva religión’, con el coste que acarrea la mutación de hábitos incluido.
Resulta indudable el buen hacer de este conglomerado empresarial, ejemplo para otros lugares del país de mayor, igual y menor tamaño, que ha logrado mantener a lo largo de su historia un nivel de servicios superando a veces el notable con unos precios para los usuarios por debajo de lo generalizado. Hay quien dirá que, al final, lo sufragamos todos. Pues claro, pero en el reparto de sacrificios está la clave del buen funcionamiento de lo público. Es para congratularse que en Gijón paguemos por consumo de agua una de las tarifas más bajas de España, el billete de autobús se sitúe entre los más baratos y el recibo por la recogida de basura sea inferior a la media nacional.
No hay empresa, ni privada ni mixta ni nacionalizada, que pueda dar más por lo mismo que ofrecen la EMA, EMTUSA y Emulsa. No ahora, sino desde la primera corporación democrática. Las tres se han ido adaptando a las circunstancias de cada momento, evolucionando al compás de los tiempos, situando al límite sus balances en beneficio de la ciudadanía. El desafío para el actual consistorio y el que venga detrás será mantener esa manera de administrar, basada en la contención de la carga sobre el usuario, haciendo incluso política social, a la vez que se emprende la transformación en ciernes.
De la misma forma que la transición energética está ya teniendo un coste escandalosamente elevado para los consumidores en la factura de la luz, la revolución a la que nos referimos también repercutirá, más pronto que tarde, en los bolsillos de los ciudadanos. Si no es por la vía tarifaria, por la impositiva.
La empresa de limpiezas ensayará con 750 hogares la implantación del modelo de pago por generación de residuos que penalizará a quien no recicle. El proyecto piloto se basa en el uso obligatorio de bolsas distintas para la basura orgánica y para el resto de desperdicios que serán expedidas por unas máquinas. La idea es establecer dos tramos en la tarifa, uno fijo y otro variable que iría en función de las bolsas utilizadas. Es decir, que no todo el mundo pague igual como hasta ahora, sino que lo haría teniendo en cuenta su contribución al ejercicio de las tres erres: reducción, reutilización y reciclaje. Cuantas más bolsas negras se adquieran, mayor será la factura.
El plan no implica que es el que se vaya aplicar definitivamente. El resultado determinará si es el adecuado, pero muestra el camino de una reforma en el sistema de cobro de un servicio que no está repercutiendo el alto coste que conlleva el tránsito hacia la economía circular. Cuando se habla de incentivar el reciclaje a través de la tasa de la recogida, habría que determinar antes el importe del que se parte para hacer el descuento en un lugar en el que el precio establecido es sustancialmente inferior al de otras ciudades del país. Claro está que mejor sería no tocarlo, aunque la senda que estamos recorriendo nos conduce inexorablemente hacia el rejón.
Tienen parte razón quienes sostienen que el esfuerzo es para el sufrido ciudadano que, además de separar en casa los desechos por colores, sin manos suficientes luego para depositarlos en los iglús, destina sus 69 euros al año a que recojan el trabajo. O aquellos que cuestionan las campañas de sensibilización cuando tienen que recorrer la intemerata para arrojar el puñetero residuo al correspondiente contenedor. Hay mucho que recuperar, pero también que recaudar si se quiere cerrar con éxito la revolución. Por lo tanto, acabarán cargándonos mes a mes la amortización del gasto multimillonario que Cogersa está acometiendo con el fin de cumplir los deberes impuestos por la UE para darle otra vida a lo que nos sobra.