Si nos centrásemos única y exclusivamente en el capítulo inversor, son razonables las críticas vertidas a los presupuestos que Gijón estrenará a partir del 1 de enero para respaldar la ansiada recuperación de la economía local. Si nos quedamos con el impulso que las cuentas recogen a la política de atención a los ciudadanos con escasez de recursos, son los presupuestos más sociales que hemos tenido en este municipio. El pacto de la izquierda que permitió alumbrar el programa presupuestario optó por dejar a un lado las partidas de inversión para reforzar el llamado ‘escudo social’. Desde el punto de vista estratégico, viendo como viene el año, plagado de inseguridad por las embestidas de la pandemia y las tensiones económicas, se va a necesitar un buen colchón para atenuar los efectos sociales de esta prolongada incertidumbre.
Claro está que los partidos de centroderecha, si tuvieran la ocasión, hubieran presentado unos presupuestos supuestamente distintos, pero en el escenario al que nos enfrentamos, inquietante por la confluencia de crisis, la sanitaria y la energética, que están poniendo contra las cuerdas a las familias por la deriva inflacionista, sería una temeridad que no se pusiera el acento en el gasto social. El verdadero reto en 2022 no es que la economía suba una décima más o menos del PIB pronosticado, sino que seamos capaces de frenar el alarmante crecimiento de la pobreza que estamos sufriendo. Es indiscutible que para ello hay que generar mayor actividad y empleo, pero mientras tanto las ayudas que se dediquen a aliviar la factura del gas o de la electricidad, a cubrir lo básico de la salud y del bienestar, a pagar el alquiler o a comprar en el supermercado son incuestionables. Ahora bien, los programas que se diseñen, la gestión que de ellos se haga y el control tienen que ser realmente eficaces, evitando además caer en la cronificación, que es el gran problema que está padeciendo la atención social. Se ha adquirido suficiente experiencia en estos años para articular un nuevo modelo de ayudas que no caiga en los errores cometidos en los anteriores. Los sonoros fallos de alguno de esos programas contribuyeron a transmitir la idea de que en política social se estaba tirando el dinero. No puede volver a ocurrir.
En víspera del pleno presupuestario, el líder de la construcción reiteró el cuestionamiento de la patronal al sistema de prestaciones sociales porque con su generosidad se desincentiva el trabajo. Se trata de una realidad endémica de la que todos tendríamos que sentirnos responsables. Tan rechazable es la consideración del salario social o del ingreso mínimo vital como un ‘refugio de vagos’ enganchados al subsidio como haber consentido que en determinados casos efectivamente sea así. La Administración regional tiene suscritos convenios con la propia Fundación Laboral de la Construcción y con la empresa pública Tragsa para favorecer la reinserción en el mercado de trabajo de los auxiliados. Por las palabras del presidente de los constructores, estos convenios son un brindis al sol ya que «ni se quieren formar ni quieren trabajar». En estas circunstancias se encuentran ahora más de 22.000 personas en Asturias, la cuarta parte en Gijón. La conclusión es que algo no se está haciendo bien, las condiciones no serán adecuadas, la vigilancia para que se cumpla acaso no se esté llevando a cabo o puede que la valoración de este tipo de iniciativas aún sea prematura. Pero hay que profundizar en darle una salida para acabar con la bolsa de inactividad empedernida en la que están desembocando las rentas básicas y extender los acuerdos, con las correcciones que sean necesarias, a otros sectores necesitados también de mano de obra.
En el tema de la inversión, en realidad, hay una doble contabilidad. Una cosa es lo que se destina en los presupuestos municipales, un escaso 10% a todas luces tan ridículo como lo que dedican a Gijón el Principado de Barbón y el Gobierno de Sánchez. Y otra, la que no viene en las cuentas pero que figura en los expedientes de Bruselas, cuya suerte está por determinar. Estos días supimos que nos colmarán con cuatro millones de euros para un plan que permitirá acondicionar el albergue de peregrinos en La Calzada, adecentar las infraestructuras del Cerro de Santa Catalina y recuperar los refugios antiaéreos para que sean visitables.
El goteo que se espera de los ‘Next Generation’ pondrá en manos del Ayuntamiento un montón de dinero extra que no figura en el programa que se aprobó el día de la Lotería. Llega en plan sorpresa, ahí tienes la pasta y ahora arréglate para gastarla. Me da la impresión de que sabemos poco de lo que se cuece con los fondos.