Como ya sucedió en ocasiones anteriores, la más cercana fue al principio de la pandemia, el estallido solidario de la sociedad civil con el pueblo de Ucrania ha vuelto a superar la reacción de las administraciones. Durante estos días crueles estamos viviendo en Gijón y en toda Asturias una movilización ciudadana absolutamente ejemplar en pro del auxilio a quienes sufren los desastres de la guerra por el simple hecho de querer vivir en libertad. Asociaciones, particulares, familias enteras, ucranianos residentes, jóvenes estudiantes, organizaciones no gubernamentales, empresas… La fuerza adquirida por esta masa imponente para combatir la mayor crisis humanitaria del último medio siglo en Europa es la mejor expresión probatoria de la condena a la que tiene que ser sometido el sanguinario sátrapa.
Gobierno central, Principado y ayuntamientos, en colaboración con las instituciones especializadas en la asistencia en conflictos, tienen que aprovechar este inmenso movimiento social de ayuda y acogida para seguir tejiendo una red irrompible que mitigue el dolor y el sufrimiento de las víctimas de la barbarie. Es necesario profundizar en la coordinación de esfuerzos como condición esencial para que todo lo que hagamos cada uno de nosotros contribuya eficazmente a la causa.
Además del ejercicio de la solidaridad, la respuesta a la guerra requiere otros dos niveles más de protección. Uno es el de la defensa de la paz, en la que no caben ni la dubitación ni la neutralidad. La manera de defenderla es manteniendo con firmeza la unidad en la UE para colaborar intensamente en la resistencia contra el invasor mientras va aumentando la presión sobre el criminal por la vía del aislamiento internacional.
Y la segunda protección es sobre la economía. El presidente del Gobierno, en su intervención en el Parlamento acerca la posición española ante el conflicto armado, alertó del enorme sacrificio al que nos someteremos los ciudadanos por las consecuencias derivadas de la contienda. Cuando apenas estamos saliendo de un mal sueño, entramos en otro tan incierto y quizás peor. De una situación económica vapuleada por la covid a otra sacudida por la guerra cuyo dimensión aún está por conocer. Nos encaminamos hacia un escenario de estanflación, que es el riesgo más inquietante que podríamos correr por conllevar un empobrecimiento general de la población. Por ello es vital frenar, no solo la guerra, sino también la escalada del coste de la energía y de las materias primas. El Gobierno anunció la prórroga hasta junio de las rebajas fiscales y de las bonificaciones para aliviar la factura de las compañías eléctricas, pero ha quedado demostrado que estas medidas son totalmente insuficientes ante el ‘shock’ que sufren familias y empresas por el precio del gas y de la luz. Los estados tienen que recuperar la capacidad de intervenir en la fijación de los precios con el fin de evitar el impacto que la energía está teniendo en la economía de arriba a abajo. La UE debe cambiar radicalmente el sistema actual porque ha pecado de arbitrario, injusto y desequilibrado.
Mientras, el resto de las instituciones, véase Gobierno asturiano y Ayuntamiento de Gijón, van a tener que reforzar aún más los recursos destinados al auxilio social. La situación de emergencia derivada de una Europa en guerra acabará alterando los planes de ambas administraciones y sus presupuestos, limitando de nuevo las inversiones y recomponiendo el gasto para priorizar la preservación del estado de bienestar en tiempos muy complicados. En algunas comunidades ya están revisando las previsiones. El Ejecutivo sigue fiando el impulso y la transformación de la economía a los fondos comunitarios, pero mucho me temo que el flujo de la llegada del maná europeo no va a ser tan intenso y elevado como se prometía hace escasamente un mes. La velocidad y el alcance de los acontecimientos amenazan con romper los esquemas.
El proceso de redifinición, por otro lado, salpica a otros ámbitos. También a la industria. En situaciones bélicas no todas salen perdiendo. En Asturias algún ejemplo tenemos más bien al contrario y es legítimo igualmente aprovechar las oportunidades. El Gobierno anunció su disposición de activar completamente la capacidad de regasificación que tiene España para garantizar el abastecimiento gasístico en Europa. La planta de El Musel es la única instalación de estas características que se mantiene en hibernación desde su construcción hace diez años. Esta situación tampoco le ha venido mal a la empresa promotora porque desde entonces ingresó del erario público cerca de doscientos millones como retribución por no usarla y para su mantenimiento. Ese mismo motivo llevaría a concluir que la infraestructura tendría que estar en condiciones de arrancar en un plis plas por razones de emergencia. Seguir esperando ahora a darle un destino distinto para un negocio que tardará años en madurar es inconcebible.