El desplazamiento de Suzuki. Mientras continúa el tira y afloja entre los trabajadores de Suzuki y la dirección de la empresa sobre las indemnizaciones que cobrará la plantilla por el cierre de la fábrica de Porceyo, con encierro navideño incluido, llega a mi mesa un informe de auditoría encargado por la multinacional que justifica la procedencia de aplicar un expediente de regulación de empleo en la planta gijonesa en las condiciones que establece el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, veinte días por año como consecuencia del descenso de las ventas de la compañía desde el año 2008 y las pérdidas continuadas de la actividad. Pero esto, al fin y al cabo,  no es lo más interesante del informe, si no otro apartado que dice textualmente que “las cuentas anuales no recogen la imagen fiel de la sociedad, ya que no contienen con el debido detalle la información de las operaciones vinculadas realizadas con la sociedad dominante Suzuki Motor Corporation ni con Suzuki Finance Europa BV. La sospecha es que pudo haber un “desplazamiento patrimonial” de la filial española del grupo hacia la matriz o, al menos, no están suficientemente documentadas las operaciones entre ambas sociedades, en tanto que se han contabilizado gastos de partidas con valores  superiores a los que se observan en condiciones normales en el mercado. Es decir, el grupo factura por lo alto y provoca pérdidas y descapitalización en la filial, que después de veintiocho años de actividad ya no es competitiva, ni rentable, ni nada.

La reactivación del automóvil.  Situación bien distinta es la que se registra en el sector de la automoción, donde los fabricantes han sido capaces de pactar con los sindicatos unos planes laborales que convierten a las plantas españolas en las más competitivas de Europa, con costes incluso mejores que los que se pueden conseguir en los países del Este. Una cultura, por ambas partes, diferente a la de Suzuki, que en Francia las marcas quieren ahora imitar. El modelo de ajuste permitirá que, de aquí a 2015, las fábricas de coches generen más de 5.000 empleos para sacar adelante nuevos vehículos, la mayor parte destinados a la exportación, después de una etapa de sequía productiva. Los planes para la reactivación de la producción de coches es una de las mejores noticias para la economía española, y también para Asturias. Arcelor ya se está preparando para ello, la decena de empresas que en la región suministran a todos estos fabricantes lo ven con esperanza y El Musel verá incrementados sus tráficos. Falta otro empujón para el redondeo, el que tiene que dar el Gobierno con la puesta en marcha de un nuevo plan PIVE, que favorezca la compra de vehículos y dinamice la demanda interna.

La labor del SASEC. Desde luego no es el caso de la irónica viñeta de Ramón, pero ha sido uno de los grandes aciertos de los agentes sociales cuando pactaron su constitución en 2003. El Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), con sus carencias y aciertos, ha venido desempeñando desde su creación hace nueve años un papel fundamental en el arreglo de los conflictos cuando las partes en litigio se muestran incapaces de avanzar en el diálogo. La intervención del SASEC, en ese sentido, ha permitido mejorar las relaciones laborales y evitar una mayor conflictividad social en una región, que lleva el sambenito de dinamitera, pero que ya no lo es tanto como otras zonas del país, gracias entre otras cosas a instrumentos como éste. El último éxito del SASEC, la huelga en la hostelería, que fue desconvocada después de que los mediadores favorecieran un acuerdo entre la patronal y los sindicatos. Pues bien, el servicio, bajo la dirección de María Jesús González Suárez, hizo balance de lo que fue un año complicado, con la reforma laboral como herramienta en un escenario de recesión, regulaciones de empleo, concursos de acreedores y cierres: Se lograron desconvocar veintitrés huelgas, el 40% de los conflictos planteados en Asturias, por la consecución de unos acuerdos, una buena parte de ellos sectoriales, que beneficiaron a 2.790 empresas de la región y 29.982 trabajadores. El SASEC, con su mediación, logra incluso cambiar el adagio: “Más vale un buen acuerdo, que un mal pleito”.

 ¿Y de la unidad de mercado?  Pues una salvedad. El Gobierno tiene previsto aprobar el 11 de enero una ley que tendrá como objetivo acabar con la inabordable maraña de normas autonómicas y locales que han convertido el mercado en una selva, obstaculizando las maneras de hacer negocio y la inversión empresarial. La nueva legislación, que pretende facilitar la libre circulación de bienes y servicios, según la oficialidad, permitirá a las empresas que con una licencia autonómica puedan operar en toda España. La iniciativa es muy buena, desde luego, pero ello no quiere decir que la unidad de mercado se consiga solo y exclusivamente con esta reforma. Hay otros factores que homogeneizar para que España deje de ser territorio dispar para el mercadeo. Por ejemplo, la otra maraña, la fiscal, con tasas a las grandes superficies en un lado, impuesto de sociedades más gravoso en otro, cánones medioambientales depende de dónde se esté, gravámenes sobre el patrimonio distintos, actividades económicas con tributación diferente, céntimos sanitarios… En fin.