El Gobierno lleva dando la cantinela con que la reforma fiscal que tiene previsto aplicar aliviará las cargas tributarias de las familias y ayudará a mejorar la situación de la economía porque, al final, se van a pagar menos impuestos en España. Y que quiere que les diga, si nos atenemos al planteamiento propuesto por el comité de expertos liderado por Manuel Lagares, la dichosa reforma en ciernes es una trampa. Se trata de un intento de recaudar más, objetivo legítimo por otro lado para cualquier administración, pero por arte de birlibirloque, con trucos de te doy por un lado, pero te quito por otro, con un juego de eliminación de deducciones y exenciones, reducción de tramos y cotizaciones e incremento de tipos en impuestos indirectos para que el saldo último sea seguir pagando igual o mas los que menos tienen que pagar.

Los técnicos de Hacienda, por ejemplo, ya advirtieron que si el Gobierno acepta la idea de progresividad que plantea el equipo neoliberal de Lagares, cual es la simplificación de los siete tramos actuales de IRPF, los más beneficiados serán los contribuyentes de rentas altas, que ya salen muy bien parados con otro paquete de medidas incluidas en el documento, como la eliminación de patrimonio.

Hay en la reforma muchos puntos cuestionables, desde luego, y en general no se trata de establecer en España un nuevo modelo fiscal, más moderno y adaptado a los tiempos, sino de retocar lo que hay simulando una bajada de impuestos. Y entre todos ellos existe uno preocupante, que es el maltrato que sufre la vivienda. El ‘Plan Lagares’ pretende acabar definitivamente con la deducción por compra de primera vivienda y además su tributación por IRPF, dos acciones sobre las que el Ejecutivo, de momento, parece tener dudas, pero que de llevarlas adelante supondría un durísimo golpe para más del 80% de las familias españolas.

No existe bien en este país sobre el que recaiga tantos tributos como el de la vivienda. Ni existe país en la UE que castigue de esta manera la propiedad de un piso o una casa para vivir con dignidad. Por la vivienda se paga el IBI, el impuesto de patrimonio, las plusvalías municipales, el IVA, el impuesto sobre transacciones y sucesiones y, en el caso de que se tenga más de una, el impuesto de la renta. Pues bien, para más inri, los expertos incluyen otra ocurrencia, la revisión al alza de los valores catastrales, que no puede ser mayor contradicción con lo que tendría que suponer una adaptación de la fiscalidad a las condiciones reales del mercado. Cuando los precios de la vivienda cayeron más de un 30% durante la crisis, vienen los sabios y defienden que el valor a efectos tributarios se eleve. ¡Qué incongruencia!