Rajoy tiene resuelto el conflicto con los mercados y ahora quiere resolverlo con los ciudadanos después de que a lo largo de toda la legislatura los dejara al margen de cualquier consideración sobre los dolorosos ajustes que ha sufrido la economía española. El objetivo del Gobierno no es otro que el beneficio electoral, una vez que el país se ha ganado la confianza de los mismos que provocaron la recesión y que, de la misma manera que siguen presionando a Grecia, lograron que España y los españoles fueran más pobres para a partir de esa situación volver a renacer.
Es lo que esta pasando ahora. Vamos camino de convertirnos en la economía que más crezca de toda la OCDE, con incrementos del PIB por encima del 3 por ciento este año, pero sin una traducción en el bienestar general. Llevan razón quienes propugnan la necesidad del rescate ciudadano, absolutamente prioritario en estos momentos, pero cuestión distinta es como se lleve a cabo ese rescate. Ahora bien, dudo del cuaderno de medidas del presidente más gris de la democracia para solventar el panorama social generado en estos siete angustiosos años de declive.
El Gobierno ha adelantado la anunciada rebaja del IRPF a este mismo mes de julio para que quienes tienen aún la fortuna de cobrar todos los meses tengan algo más de dinero en el bolsillo, aumenten el consumo y contribuyan a inyectar mayor dinamismo. También ha decretado una rebaja del precio de la luz, aunque engañosa por el carácter temporal que tiene la medida, justo hasta cuando los españoles tengan que decidir en las urnas al mandatario que conduzca la recuperación. Y para cumplir esta hoja de ruta, Rajoy todavía le quedan los guiños con los pensionistas y con los funcionarios, dos grandes colectivos que sufrieron los embates de la política de ajustes pero que, digno es reconocerlo, pudieron aguantar mucho mejor la dureza de la crisis.
Son medidas encaminadas a favorecer a aquella parte de la población que conservan sus ingresos, a aliviar a la clase media de este país, pero que no abarcan a las personas que han caído en la pobreza, que se quedaron sin empleo o en situación eterna de paro, sin vivienda, que no pueden pagar la calefacción, que entraron en el peligroso territorio de la exclusión social, cuando España, antes del enorme daño que provocó la depresión, era uno de los países desarrollados con menor índice de pobres.
Es cierto que para corregir el desequilibrio originado en la sociedad la mejor salida es dinamizar el mercado laboral y crear puestos de trabajo, pero el ritmo de generación de empleo todavía es muy lento, aunque este año podamos llegar al medio millón, y las condiciones en los que se generan dejan mucho que desear: empleo precario al amparo de la nueva normativa. Por lo tanto, es de esperar que, además de las acciones encaminadas a incentivar el consumo, el Gobierno lleve a cabo un plan de choque dirigido a terminar con la desigualdad, un programa ambicioso de inversiones, apoyos a empresas y empleo público para eliminar las colas del paro o ante los comedores sociales. Para exterminar la ruina social.