En Oviedo, los legados acaban con la hacienda. Ya lo advirtió el alcalde capitalino esta semana cuando conoció el mazazo de la ‘Operación de los palacios’. El Ayuntamiento está cayendo en una situación financiera crítica por los pufos que dejaron quienes mandaron antes de que el gobierno de las tres partes se hiciera con las riendas del Consistorio carbayón.
Con lo que tiene que pagar por los desatinos de Villa Magdalena y del Calatrava, en total más de 52 millones de euros, el bueno de Wenceslao se queda sin dinero para inversiones municipales durante todo lo que le resta de mandato. Ello sin tener en cuenta lo que aún está por venir. Menuda herencia la que han recibido los ovetenses de don Gabino el laico y el señor Caunedo. Hasta la lideresa del partido se ha desmarcado pidiéndoles responsabilidades, no vaya a ser que el caso salpique.
Pues bien, hay quien aventura, quizás para desquitarse, que en Gijón puede ser todavía más gordo. La culpa, el plan urbanístico. Las reclamaciones patrimoniales por los cambios en la calificación de los praos de Castiello, Granda y Vega-La Camocha pueden alcanzar los 200 millones de euros. Es decir, casi todo el presupuesto municipal. Por lo tanto, yo estaría preocupado.
El nuevo PGO no permite construir villas ni palacios, pero tampoco pisos en aquellas parroquias donde hace ocho años unos cuantos empresarios, gente adinerada, se hicieron con terrenos al calor de la burbuja para multiplicar los panes y los peces. Sin embargo, fueron más listos los paisanos, aquellos que vendieron y cobraron, claro. Estos socios de las juntas de compensaciones piden ahora eso, compensación, por no poder embolsar la recompensa.
Hasta el momento, los recursos de los constructores exigiendo daños y perjuicios por la supresión de los urbanizables no fueron atendidos en los tribunales, pero insisten en agotar las vías ante la imposibilidad de recuperar, si quiera, el dinero de la compra. Reclaman una indemnización a la Administración local, gastos incluidos, hasta el del registro de la propiedad si cabe, con un argumento tan peculiar como el de las expectativas incumplidas cuando no valoraron suficientemente los riesgos de unas operaciones al amparo de unos planes, los dos PGO con sello socialista, que ya estaban amenazados con ser tumbados por la judicatura.
Ni se llegó a parcelar ni a poner una tubería, por lo que aquellas fincas que iban a ser el maná, con la edificación de miles de viviendas, ahora solo sirven para hierba o cultivar patatas. Lo bueno que tiene la Justicia es que, al final, pone a cada uno en su sitio. Es lo que está ocurriendo en Oviedo. Y si en Gijón alguien cree tener derecho a haber obtenido el lucro porque el papel lo permitía, pues es competencia de los jueces que lo aclaren.