El Gobierno ha decidido acelerar la muerte dulce de la minería española con un hachazo en las ayudas a la explotación de un 63% de media este mismo año, que obligará a las empresas a adelantar el cierre de pozos ante la imposibilidad de hacer viable la actividad. Este recorte en las subvenciones a los yacimientos se agrava además con otro golpe en la línea de flotación de las comarcas mineras, la drástica reducción de las partidas para la reactivación de la economía, de tal manera que el impacto del ajuste será mucho más profundo: elimina lo que funciona a cambio de nada. El Ejecutivo de Rajoy ha decidido poner punto y final a la reconversión de las cuencas, en el sentido más amplio del concepto, mediante un proceso de liquidación vertiginosa, para ahorrar más de 650 millones de euros en los presupuestos con un sacrificio social que va camino de no tener precedentes en el sector.
Los sindicatos han convocado ya las primeras movilizaciones para responder al ajuste del Gobierno, con huelgas generales en la minería para esta misma semana y la próxima, concentraciones y una manifestación unitaria en Madrid el 31 de mayo. Centrales, patronal y alcaldes mineros forman un frente para intentar frenar el golpe que se plantea imponer desde la Administración.

El recorte que quiere aplicar el Gobierno es muy peligroso. Las cuencas mineras llevan casi treinta años de anestesia combinando destrucción de actividad y empleo con políticas alternativas que no han sido suficientes para lograr el cambio económico y social de estas zonas. Los fondos mineros no sirvieron más que para una operación de estética. Consiguieron dar lustre a los municipios, pero fracasaron en su verdadero objetivo, la reindustrialización de las comarcas mediante la diversificación de su economía. En ese sentido, han sido un fracaso. Los jóvenes se siguen marchando por falta de oportunidades, el declive poblacional es imparable, el paro continúa haciendo estragos y el monocultivo da todavía de comer a muchas familias. Los municipios del Nalón, Caudal y Narcea se encuentra ahora más que nunca es una situación de enorme debilidad y el tijeretazo de Rajoy sobre la minería puede ser la puntilla.
El deterioro de las cuencas es el resultado de una planificación energética errónea. Los gobiernos han venido dando bandazos en sus estrategias, colocando siempre el sambenito al carbón. La minería necesita una buena dosis de desmitificación. No es más caro tener al minero trabajando que en casa. Ni resulta más gravoso para las arcas públicas y para los consumidores mantener una reserva de producción eléctrica a partir de nuestras minas que llenar España de centrales de gas, aereogeneradores y placas solares. Es una soberana tontería. No han sido precisamente las minas las que llevaron al país a un déficit de tarifa de 24.000 millones de euros, una deuda insoportable. Mientras el carbón nacional recibe una retribución media del Estado de 1,82 céntimos de euro por kilowatio, la energía eólica obtiene 4,29; la hidráulica, 4,38; las plantas de cogeneración, 5,12; las que utilizan biomasa, 7,07; las que aprovechan residuos, 9,03, y las solares nada más y nada menos que 42,86. Estamos ante una inmensa burbuja, la gran mentira energética. Eso es lo que hay que resolver.
El Gobierno pone al carbón nuevamente contra las cuerdas en esta alocada carrera por reducir el déficit del Estado y lo que consigue es una mayor asfixia. Porque resulta que las ayudas que da al sector las recupera por otro lado. Por cada euro que el Estado entrega a la minería para mantener la actividad, recibe tres vía impuestos y cotizaciones sociales. Y en esto, Carbunión tiene un excelente informe que demuestra la viabilidad del negocio para las empresas, pero también para la Administración. Con los 10.000 empleos del sector, calculando una media de 22.500 euros al año por trabajador, las arcas públicas ingresan 225 millones de euros por IRPF y Seguridad Social. Por IVA, Hacienda recauda cerca de 120 millones de euros con la venta de la producción actual. La cifra, más o menos, equivale a las subvenciones. Este panorama, en las renovables, ni por asomo.
¿Cuáles son las cuentas de Rajoy? Las que establece el ‘lobby’ eléctrico, las autoridades comunitarias, el liberalismo acérrimo. Frente a la frialdad de las decisiones, hoy por hoy, en las cuencas, mientras haya minas, hay industria y esperanza.