Arrancaba la semana con un hito en esta ciudad sobre la atención a los más necesitados. Desde el lunes los centros municipales de Gijón reciben un goteo constante de personas que aspiran a cobrar la renta social puesta en marcha por el Ayuntamiento. Hay dos meses por delante para la tramitación y más de un millar de peticionarios han retirado los papeles necesarios para habilitarlos como perceptores. Nunca es tarde para aplicar una medida de estas características, aunque hemos tardado demasiado tiempo en convencernos sobre la necesidad de adoptarla. Han transcurrido casi diez años del estallido de la gran depresión y continuar mirando hacia otro lado mientras la pobreza se incrementaba era cuando menos una irresponsabilidad.
La renta social supondrá un alivio para quienes la perciban, desde luego, pero no se puede convertir en un instrumento que lleve a la cronificación de la penuria o genere, incluso, mayores desigualdades. Por ello su aplicación exige ahora cumplir ciertos deberes. Menciono algunos. La prestación está concebida como complemento a unos ingresos que no permiten a las familias alcanzar un mínimo vital. Sin embargo, deja sin atender a quienes aguardan para percibir el salario social y no tienen un euro para llevarse algo a la boca. Corregir esa situación es de justicia. De la misma manera que lo es, en provecho del propio sistema, aplicar con rigor todos los controles habidos y por haber para evitar la picaresca y el fraude e impedir también que accedan personas que rechacen ofertas de empleo por quedarse en casa cobrando la paga pública.
La renta social, al mismo tiempo, supone un reto para las finanzas del Ayuntamiento. Una vez que se decide incluir en la cartera de las prestaciones sociales resulta difícil ponerle un límite presupuestario a la ayuda si con ello se cierra la puerta al derecho a percibirla de cualquier ciudadano que reúna realmente los requisitos para ello. El elevado coste que puede llegar a alcanzar la medida es el mayor riesgo para la administración local, pero es obligado ahora poner todos los recursos económicos necesarios para que nadie quede sin la renta que le corresponda. La Fundación de Servicios Sociales acaba de incrementar en dos millones y medio la aportación para hacer frente a la prestación con cargo a su remanente, no sin antes recibir un apercibimiento. La intervención municipal ha advertido de que su decisión puede poner en peligro la liquidez de la entidad.
La verdad es que resulta inexplicable bajo el criterio del buen ciudadano que por un lado pasemos apuros y, por otro, tengamos más de 39 millones en la hucha sin poder tocar salvo para lo que diga el señor Montoro. El corralito originado en los ayuntamientos por la ley de estabilidad presupuestaria tiene un efecto perverso en cuanto que frena unos recursos en beneficio de los bancos que podrían contribuir a la aceleración de la recuperación económica. El dinero está inmovilizado en las cuentas, cuando se da salida es para amortizar deuda con las instituciones financieras y obliga a los consistorios a contraer préstamos si quieren acometer proyectos. En Asturias, la cifra secuestrada por Hacienda es relevante, más de 435 millones de euros.
La fórmula empleada para el pago de la renta social lleva implícita una inyección de recursos a la economía local con la compra mediante tarjeta en los comercios de Gijón. Por lo tanto, algún impacto tendrá en la dinamización. Lo que no se puede, a estas alturas, es seguir imponiendo la política de la estrechez allí donde existe margen para movilizar dinero y favorecer la creación de puestos de trabajo. El empleo es el mejor sistema para el sustento de la gente. No creo que nadie se encuentre cómodo en la depauperación, salvo que sea simulada.