Tiene razón la alcaldesa. «Solo faltaría que tuviéramos consenso con los partidos políticos y no lo tuviéramos con los vecinos», señalaba Carmen Moriyón en una comparecencia ante los periodistas para hacer balance de las obras e intentar apaciguar las protestas de la federación vecinal. La afirmación de la regidora da que pensar. Uno se pregunta si hubo alguna vez que los grupos que se sientan en el plenario, tan plural y representativo, pactaran los presupuestos, que es a lo que se refiere la primera edil, sin tener en cuenta los intereses generales de los ciudadanos. La misión de los partidos, precisamente, es canalizar las necesidades de los vecinos, los que les eligieron y los que no: escucharles, conocer sus preocupaciones, atender sus peticiones de la mejor manera posible, ir estableciendo prioridades y ejecutarlas. Hay el que tiene la responsabilidad de administrar y cumplir lo acordado, el que gobierna, y otro de velar para que todo ello se cumpla, la oposición. Por lo tanto, faltaría más que las cuentas se acordaran en contra de la opinión vecinal. En términos futbolísticos, sería meterse un gol en propia puerta. En términos de actuación política, la deslegitimación.
Todo ello viene a colación de las obras, que suscitan amores y odios, trastornos y satisfacciones. Hace ya algún tiempo que la alcaldesa tomó las riendas del asunto cuando arreciaron las críticas por los fallos y retrasos que llevaron a poner en cuestión la capacidad de la concejalía correspondiente, pero claro esto de las reformas y las zanjas son material sensible, siempre genera algún que otro descontento y siempre habrá alguien que muestre su disconformidad. Después de lo de la calle Aguado, tenemos el dichoso ‘Kilometrín’ y la chapuza de Marqués de San Esteban, muy guapo en el plano pero de nefasta ejecución, dos actuaciones que ensombrecen de manera injusta el trabajo municipal en este campo.
De la comparecencia de Moriyón extraigo algunos datos. El Ayuntamiento presupuestó en dos años la realización de 215 obras: sesenta y cuatro están terminadas, ochenta y dos en ejecución, treinta y nueve en proceso de licitación y contratación, veinticuatro en proyecto y seis fueron finalmente desestimadas o el contrato rescindido. El balance, por lo tanto, no parece ser tan pobre a tenor de la información. Gijón, de hecho, es la ciudad asturiana de largo con mayor inversión municipal para estos cometidos. Pero lo que causa cierta perplejidad es la procelosa tramitación de los expedientes, que hace que desde que se decide acometer una obra hasta que realmente se inicia pasa el tiempo desesperadamente. El camino que debe recorrer el proyecto, una vez esbozado, en lugar de acortarse se ha burocratizado mucho más. Antes de llegar a contratación tiene que pasar por unos cuantos despachos, empezando por intervención, y llevar el sello de cada uno de los departamentos que vigilan el cumplimiento de las cláusulas sociales, la calidad del empleo, la ausencia de discriminación laboral por la razón que sea o el respeto al medio ambiente. Esta fiscalización, indudablemente positiva, provoca sin embargo la dilación del papeleo. Difícilmente se pueden acometer las obras en el ejercicio presupuestario comprometido con semejantes vueltas a los dossieres. Provengan de la participación vecinal o no.
El Ayuntamiento ha establecido un sistema de control semanal por una comisión mixta de técnicos para resolver los posibles atascos, una solución que puede impedir vueltas innecesarias, pero el proceso desde que se tiene la idea hasta que se ponen las máquinas en marcha necesita un toque más de agilidad. Moriyón ha prometido a los vecinos abrir un espacio en la web municipal con el fin de dar a conocer, a tiempo real, el punto donde se encuentra cada expediente. Quizás el chequeo digital pueda servir para empujar.