Los asuntos ambientales se han convertido no solo en un reto sino en un gran problema para los gestores de lo público en esta región. El consejero Fernando Lastra, que está destacando por su sinceridad en evidente contraste con lo que había antes, así lo reconoció en el último encuentro que mantuvo con los ayuntamientos para explicarles las líneas maestras del nuevo plan de residuos. Un plan que hay que implantar a la trágala porque hemos estamos entretenidos más de década y media sobre si quemamos o no la basura, mientras acumulábamos los desperdicios bien mezcladitos en el vertedero hasta rebosarlo. El tiempo ha pasado y ahora nos vemos apurados para cumplir los deberes fijados por las autoridades comunitarias en tanto los políticos se tiran los trastos y la inmensa mayoría de los ciudadanos mantenemos la cómoda costumbre de arrojarlo todo en la bolsa de plástico del supermercado donde hicimos la compra. Eso sí que cierra el círculo.

Tenemos hasta 2020 para acabar con un hábito que, pese a las machaconas campañas de concienciación, no se ha logrado modificar en veinte años. Es más fácil cambiar de casa, de amigos o de pareja que de manera de tirar la basura. Los ayuntamientos tienen que triplicar, en algunos casos cuadruplicar, el porcentaje de residuos que reciclan en origen sus empadronados para llegar a ese objetivo del cincuenta por ciento que marca la legislación europea y el cumplimiento se presenta harto difícil. Así que lo que no hicimos hasta ahora lo vamos a tener que hacer deprisa y corriendo con un tremendo coste para todos. Aún no está claro si se incentivará al ciudadano por separar los desperdicios en el domicilio o si se enfrentará a una buena multa por continuar haciéndolo como siempre, ejemplos en Europa hay de todo tipo, pero lo que verdaderamente resulta irremediable es que el recibo será mucho más alto. El Ayuntamiento de Gijón, que lleva unos años congelando la tasa, planteó una subida de hasta el 10 por ciento en la recogida que finalmente quedó frenada por la oposición, al tiempo que protestaba con altavoz por el salvaje incremento de tarifas que prepara el consorcio para pagar el plan de los residuos. Por lo tanto, de una manera u otra, tarde o temprano, el rejón va a ser inevitable.

Como inevitable es adoptar medidas para reducir la polución. El último informe ministerial, el mismo que llega a los despachos de Bruselas, sitúa a la zona central de Asturias a la cabeza en la emisión de las micropartículas nocivas para la salud, las llamadas PM10, y en Gijón se registra la mayor concentración. El propio consejero reconoció ante los parlamentarios asturianos lo que los vecinos han venido denunciando constantemente en los últimos tiempos. Por la noche se han detectado valores muy por encima de los límites que permite la ley en la zona oeste de la ciudad. Veneno con nocturnidad y alevosía. Todos los tiros apuntan a Arcelor, que se defiende insistiendo en que cumple la normativa medioambiental, cuestionando la fiabilidad de los datos de las estaciones medidoras y recordando que en el enclave hay más empresas. Los episodios de contaminación nocturna urgen una aclaración. No se puede mantener a una empresa bajo sospecha permanente ni mucho menos a los gijoneses expuestos a la amenaza del veneno invisible. La situación es suficientemente grave como para exigir la aplicación con celeridad de las medidas correctoras en aquellas instalaciones que expulsan las sustancias dañinas.

Y por último, los vertidos al mar. La autorización por parte de los tribunales para que la depuradora del este pueda arrancar los sistemas de pretratamiento es una buena noticia para la ciudad, aunque un golpe para los vecinos de El Pisón. La justicia ha tenido en cuenta el interés general para adoptar la decisión, pese a que las labores de filtrado para las que se obtiene ahora permiso solo palían en muy pequeña proporción la porquería que se arroja por el emisario de Peñarrubia. Corrige en parte la gran chapuza administrativa cometida con la planta y abre el camino a su total absolución.