Cuando Mina La Camocha cerró en 2007 Gijón perdió un trozo de su alma. La explotación carbonífera formaba parte de la identidad del municipio, de la historia de la industrialización, de la misma manera que la siderurgia, el naval o la actividad vinculada a la transformación del metal. Con la desaparición de la empresa se puso punto final a una tradición, que recordamos al contemplar el castillete cual símbolo de aquel ajetreo diario en el pozo que no volverá nunca más y del movimiento obrero surgido de sus entrañas.
El cierre de la mina no resultó excesivamente traumático para quienes en ella trabajaban entonces. El mayor trauma, aunque quizás no se pueda calificar así, lo padecieron aquellos directivos que trampearon la actividad para alargar el negocio a costa del erario público, pero afortunadamente se dieron de bruces con la justicia.
Aquella clausura aparentemente ordenada desde el punto de vista social, sin embargo, dejó sin resolver determinados problemas que transcurrido el tiempo se han convertido en un quiste para quienes tienen ahora la responsabilidad de buscar una solución sin demasiados padecimientos. El destino de las casas del poblado es el más significativo.
Más de una treintena de familias se enfrentan al riesgo del desahucio por la aplicación de un plan de liquidación, así se llama oficialmente el maldito, que les puede dejar sin el techo que les cobijó durante casi medio siglo gracias a aquel disfrazado paternalismo empresarial de antaño. El administrador concursal, de repente, se ha transformado para estas personas en el hombre de negro. No quisiera estar en su lugar si la decisión final es el desalojo colectivo de los arrendatarios. Evitarlo tiene que ser el objetivo.
La situación de estos vecinos no es ninguna sorpresa. Poco después de que la mina dejara de funcionar se presentó en las viviendas un tasador, cuaderno y bolígrafo en mano, para certificar el valor de los hogares por encargo del liquidador. Ya entonces, estamos hablando de 2010, se advirtió de que tarde o temprano la orden de abandono, salvo arreglo, se produciría.
La ley es la ley y para saldar las deudas de la empresa no existe más remedio que recurrir a sus activos patrimoniales, en este caso las construcciones del popular poblado. Pero aunque la ley sea la ley su aplicación no debería pisotear los derechos de unas personas, una buena parte de ellas viudas de mineros que entregaron sus vidas al carbón, que ahora se ven de patitas en la calle si no se remedia esta injusticia social.
La alternativa es que los inquilinos que han acreditado como dios manda el arrendamiento compren la casa en la que han vivido padres, hijos y nietos, tres generaciones enteras en algunos casos, por la mitad de la valoración.
La oferta, aunque parezca generosa, no es un regalo. Primero, porque la tasación ahora no sería la misma que la que se hizo hace una década; segundo, porque las viviendas necesitan una rehabilitación que la propiedad no acometió y tercero, porque los recursos de estas personas son apretados. Otra vía es que los inmuebles caigan en manos ajenas con el compromiso de mantener a esas familias mediante una actualización de sus rentas.
Seguro que puede haber más soluciones. En cualquier caso, las instituciones tienen la capacidad de mediación y la potestad de intervenir si se requiere para solventar el problema. De lo contrario, podríamos estar ante un drama social de primer orden.