Pocas veces una norma surgida de un intenso debate se ha mostrado tan poco eficaz en tan escaso tiempo como la ordenanza de convivencia ciudadana de Gijón. La regulación ha fracasado por la manera en la que se ha ido aplicando, arbitraria en muchas ocasiones y laxa en una mayoría de las situaciones, quizás ante el convencimiento de mano de que no se trataba de la mejor de las ordenanzas que el Ayuntamiento ha dado a luz.

La norma nació coja. Estableció una serie de pautas de obligado cumplimiento para modificar unos hábitos que solo es posible cambiarlos mediante otro tipo de acciones que han brillado por su ausencia en estos cinco años de vigencia de la reglamentación. Ha quedado demostrado que la utilización del poder coercitivo como única herramienta para exterminar el botellón y las molestias a los residentes en las noches de algarabía no es suficiente. La ordenanza ha resultado fallida porque no estuvo acompañada de una buena labor de concienciación y de medidas de prevención para compatibilizar el disfrute de los jóvenes con la preservación de los espacios públicos y de la tranquilidad y el descanso de los vecinos en los lugares de ocio de Gijón.

Las autoridades llevan cursadas más de 4.000 denuncias al amparo de la normativa, la mitad por el consumo de bebidas en la calle y el resto básicamente por ruidos, actos vandálicos o por utilizar la vía pública para el desahogo fisiológico. El balance, al final, es que se incrementaron las concentraciones de chavalería para entregarse al ritual del alcohol, las zonas por donde pasan se convierten en auténticos vertederos; esquinas y portales son urinarios callejeros, los locales y garajes aparecen llenos de pintadas y el mobiliario urbano cada vez más destrozado. Como consecuencia, el cabreo vecinal va en aumento.

El problema no es el botellón. El problema es la carencia de civismo, que solo se aprende en casa y en la escuela. El comportamiento cívico, el cumplimiento de los deberes y el respeto a los derechos de los demás para convivir en sociedad, se adquiere de manera individual, pero se altera cuando adopta la forma colectiva de la juerga comunitaria. De ahí que sea necesario, quizás, un mayor trabajo sobre esas actitudes grupales.

La persecución del consumo de alcohol en la calle no es la solución. El descontrol en las movidas nocturnas no se arregla únicamente con un mayor despliegue de las fuerzas policiales. Se requiere una tarea más anticipativa, que nos implique a todos, de tal manera que sin estigmatizar la diversión juvenil se consiga extender el conocimiento sobre los riesgos que implican esas formas de disfrute, proteger a los menores y, al mismo tiempo, evitar los trastornos que el desenfreno provoca a la ciudadanía.

El gobierno local y los grupos políticos de la Corporación tienen abierto un proceso para la revisión de la ordenanza. La intención es someterla a un amplia participación con el fin de corregir, desde mayor de los consensos, el contenido de una norma que ha demostrado a todas luces su ineficacia. En otros ayuntamientos del país han empezado a ensayar fórmulas  y para intentar atajar sus consecuencias desde la conciencia. Desde luego no es fácil conseguir que el botellón deje de ser tratado exclusivamente como una cuestión de seguridad ciudadana, pero el fenómeno nos compete a todos. Nuestra responsabilidad es transformarlo con todos los medios que se encuentren al alcance para que lo que se ha definido como “un hecho cultural y social” no tenga que ser combatido por vergüenza para la imagen de la ciudad.