El Ayuntamiento ya tiene lista una nueva convocatoria de la renta social, recortada y con límites, que solo está pendiente de la aprobación por parte de la comisión municipal correspondiente. La línea de ayudas prevista por el gobierno local será la mitad de la que puso en marcha hace ya casi año y medio, dividida en dos paquetes, uno para lo que resta de ejercicio y otro para 2019. El tijeretazo no responde a que la pobreza en esta ciudad haya menguado. Uno de cada quince residentes sigue pasándolo mal y las perspectivas no son tan halagüeñas como se podría haber pensado hace unos pocos meses, pero los recursos disponibles por la administración están atados a la regla del gasto, que continúa priorizando el pago de la deuda sobre las necesidades sociales y de inversión. Por lo tanto, mientras exista esa losa difícilmente se podrá acabar con los males de la depresión.
La renta social tendrá ahora una partida de 1,3 millones de euros para recargar las tarjetas prepagadas de los nuevos beneficiarios, con un techo máximo de gasto por perceptor de 2.500 euros anuales. Para el próximo año, habrá otros 1,3 millones y a partir de lo que suceda en las elecciones municipales de mayo veremos cuál es el destino de la medida. Hasta ahora, frente a quienes la intentaron denostar y dejando aparte las anécdotas sobre la picaresca de determinados titulares, la popular ‘card’ tuvo también algún efecto positivo.
Uno de ellos, el más sustancial, la dinamización del consumo en beneficio de unas personas que, de otra manera, no tendrían ninguna capacidad para ello y de un sector económico necesitado de remontar vuelo. La renta social, vista de esta forma, no es dinero tirado. Cuestión diferente es que se tendría que acompañar de otro tipo de acciones eficaces que favorezcan la inclusión laboral de esas personas para evitar la eterna dependencia de los servicios sociales, pero el estímulo de la tarjeta como medida coyuntural ha sido evidente. Según los datos recopilados por los comerciantes, las ventas registradas por las tiendas adheridas al programa desde mayo del año pasado que se puso en marcha hasta el pasado 1 de octubre superaron los 4,2 millones de euros. Casi trescientos establecimientos de Gijón, repartidos por toda la ciudad, se beneficiaron de esas compras. El número de facturas emitidas superaron las 45.000 y los clientes distintos alcanzaron los 2.400. Y aún quedan pendientes de utilizar más de un millón y medio de euros de la última convocatoria.
Es decir, la renta social supuso un revulsivo para el pequeño comercio gijonés. Además de un alivio para familias sin recursos se ha convertido en una ayuda directa a una actividad que ha sufrido con dureza la brutal caída de la demanda durante la recesión y la transformación de los hábitos de compra de los consumidores. Una crisis por partida doble. A los negocios no le han venido mal está inyección, aunque no resuelve los problemas estructurales a los que se enfrentan. La liberalización de los horarios y de las rebajas, la competencia de las grandes superficies, la expansión de las grandes marcas y el crecimiento imparable de las ventas por internet estrangulan a las tiendas de toda la vida, con dificultades para adaptarse a esa realidad. Basta con un pequeño paseo por el centro para darse cuenta de ello. Los locales cerrados siguen siendo una de las fotos fijas del sufrimiento. En la calle de San Bernardo, catorce; en Menéndez Valdés, nueve; en la calle Uría, cuatro; en Donato Argüelles, cinco; en los Moros, tres; en Libertad, otros tantos… Así podríamos continuar el artículo y completar una página del periódico incluyendo los bajos comerciales de los barrios que se encuentran vacíos.