El urbanismo gijon\u00e9s ha entrado de nuevo en los tribunales. El plan general se ver\u00e1 sometido a juicio de las salas de lo contencioso administrativo por la avalancha de recursos judiciales que se est\u00e1n presentando a partir de que se oficializara su entrada en vigor el pasado mes de febrero. Hasta ahora, cerca de sesenta demandas, que abarcan casi todos los flancos de la norma urban\u00edstica reci\u00e9n estrenada. La intervenci\u00f3n de la justicia sobre determinadas decisiones establecidas en el documento no causa sorpresa. Despu\u00e9s de un proceso en el que se llegaron a recibir m\u00e1s de un millar de alegaciones contra su contenido era l\u00f3gico pensar que una buena parte de las discrepancias no atendidas llegaran a los juzgados, como est\u00e1 ocurriendo.
\nSobre el PGO vuelve a planear la amenaza de la suspensi\u00f3n. Puede que los jueces obliguen a revisar algunas de las actuaciones concretas previstas en el papel, pero ello ser\u00eda lo menos malo que podr\u00eda suceder. El riesgo es que se reproduzca la misma situaci\u00f3n que padecieron los dos planes anteriores, en 2006 y en 2011, anulados por los tribunales por las deficiencias legales observadas a lo largo de su procedimiento. En el nuevo PGO, sin embargo, el mayor empe\u00f1o puesto durante la tramitaci\u00f3n ha sido conseguir su blindaje ante la judicializaci\u00f3n en el que se est\u00e1 adentrando ahora. El proceso de elaboraci\u00f3n se alarg\u00f3 mandato y medio en buena parte por el esmero empleado para garantizar la seguridad jur\u00eddica que un documento de estas caracter\u00edsticas debe ofrecer. Las dos exposiciones a informaci\u00f3n p\u00fablica a las que fue sometido estaban encaminadas precisamente a corregir las lagunas halladas en los dos planes a los que sucede, apuntillados en su momento por un d\u00e9ficit de participaci\u00f3n ciudadana. Pese a ello, siempre pueden existir resquicios por los que se puedan colar una petici\u00f3n de paralizaci\u00f3n. La incertidumbre en este sentido est\u00e1 servida.
\nAnte este escenario, el Ayuntamiento tiene fundamentalmente dos tareas por delante. La primera, la defensa en los tribunales con todos los medios a su alcance de una norma aprobada por el pleno, independientemente de que fuera de una corporaci\u00f3n de distinto color al actual y de que el partido ahora en el gobierno no apoyara con su voto la aprobaci\u00f3n. Se trata de un principio de responsabilidad institucional que no puede albergar ninguna duda. La alcaldesa, Ana Gonz\u00e1lez, ya avanz\u00f3 que se iba a dar la batalla para que no prosperase ninguno de los recursos presentados.
\nY la segunda, agilizar el desarrollo del PGO resolviendo con prontitud todos los expedientes que se vayan recibiendo al amparo de la nueva planificaci\u00f3n. La judicializaci\u00f3n coincide con la revitalizaci\u00f3n de la construcci\u00f3n en la ciudad despu\u00e9s de la etapa negra que sufri\u00f3 el sector por la gran recesi\u00f3n. El plan est\u00e1 siendo decisivo en la recuperaci\u00f3n, como se puede comprobar a diario con la aparici\u00f3n de carteles que anuncian nuevas promociones inmobiliarias en el centro y en los barrios desde que se puso en marcha la norma. Ahora bien, el Ayuntamiento tiene que hacer todo lo posible, reforzando los servicios correspondientes si es necesario, para que las tramitaciones no se alarguen con el fin de contribuir a acelerar el despegue al que estamos asistiendo. La actividad, adem\u00e1s de desenvolverse con todas las garant\u00edas legales, requiere tambi\u00e9n de una administraci\u00f3n p\u00fablica que resuelva de manera r\u00e1pida y efectiva las solicitudes bajo el amparo de la reglamentaci\u00f3n urban\u00edstica. Es la mejor forma de respaldar la resurrecci\u00f3n de un sector intensivo en creaci\u00f3n de empleo y que tanto aporta al crecimiento econ\u00f3mico local. Ante la lentitud con la que se mueve la justicia, pisemos al menos por ese lado el acelerador.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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