Lo m\u00e1s grave de la anulaci\u00f3n del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es la impunidad con la que han venido actuando las administraciones locales, en connivencia con la estatal, a sabiendas de que su legalidad estaba cuestionada. Es cierto que no todos los ayuntamientos, pero s\u00ed la inmensa mayor\u00eda. En el caso de Gij\u00f3n, a principios de 2020 el gobierno municipal anunci\u00f3 que suspend\u00eda el pago del impuesto cuando en la transacci\u00f3n del inmueble no se produc\u00eda una ganancia patrimonial, despu\u00e9s de que el Consistorio recibiera varapalos en los juzgados de lo contencioso por los cobros confiscatorios. No obstante, el contribuyente ten\u00eda que demostrar ante la hacienda local que no hab\u00eda plusval\u00edas para librarse de una carga fiscal, cuya inconstitucionalidad empezaba a estar suficientemente probada.
\nLo m\u00e1s grave, insisto, es que los municipios, que ahora se rasgan las vestiduras, y el Gobierno central, m\u00e1ximo responsable de tama\u00f1a usurpaci\u00f3n, ya estaban sobreavisados desde hace casi diez a\u00f1os, cuando empezaron a llover recursos de los afectados denunciando el m\u00e9todo injusto de c\u00e1lculo que se aplicaba para la liquidaci\u00f3n. Fue en febrero de 2017 cuando el Alto Tribunal habl\u00f3 por primera vez sobre el impuesto. El Constitucional, entonces, dijo textualmente lo siguiente: \u00abEn ning\u00fan caso podr\u00e1 el legislador establecer un tributo tomando en consideraci\u00f3n actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial\u00bb. Es decir, lo que estaban haciendo era absolutamente ilegal. La sentencia del pasado lunes es la tercera y definitiva. El impuesto, tal como fue concebido, se va por el sumidero.
\nEl \u00f3rgano judicial cierra la puerta a que se produzca una avalancha de reclamaciones como tem\u00edan los ayuntamientos, pues es l\u00f3gico que el que en su d\u00eda decidi\u00f3 pagar de manera religiosa sienta ahora m\u00e1s que nunca que le hayan robado. Solo podr\u00e1n exigir la devoluci\u00f3n quienes est\u00e9n inmersos en un contencioso, aunque no est\u00e1 todav\u00eda claro hasta d\u00f3nde puede llegar el proceso. Lo indudable es que la decisi\u00f3n de la judicatura genera un agujero en las finanzas municipales de consecuencias impredecibles que solo tiene una soluci\u00f3n: el auxilio inmediato de \u2018pap\u00e1 estado\u2019, que fue el autor de una norma incautadora. El Ministerio de Hacienda dice que prepara un borrador para cambiar el impuesto, convertido en la mayor fuente de recaudaci\u00f3n de las entidades locales, despu\u00e9s del IBI y la vi\u00f1eta. \u00bfUn borrador tras una d\u00e9cada viendo lo que se avecinaba? Semejante dejaci\u00f3n tendr\u00e1 un elevado precio, que al final lo pagaremos todos los ciudadanos.
\nLas corporaciones reclaman una compensaci\u00f3n al Gobierno por los ingresos que dejar\u00e1n de percibir con la anulaci\u00f3n del tributo mientras se tramita su sustituci\u00f3n. La compensaci\u00f3n deber\u00eda ser incuestionable, pero tambi\u00e9n lo es la imperiosa necesidad de reformar la financiaci\u00f3n municipal porque el modelo ha saltado por los aires con la sentencia del TC. Urge una modificaci\u00f3n a fondo para adaptar el sistema a las funciones que el resto de administraciones fueron colando a los ayuntamientos. Lo que en el argot pol\u00edtico-administrativo llaman \u2018competencias impropias\u2019, a las que los municipios tienen que dedicar recursos con ayudas que llegan tarde, mal o nunca.
\nDe momento, la consecuencia m\u00e1s inmediata, es que el proyecto presupuestario presentado hace apenas quince d\u00edas por el gobierno local para el pr\u00f3ximo a\u00f1o tiene que ir a la papelera. La supresi\u00f3n del impuesto de las plusval\u00edas echa por tierra una previsi\u00f3n de ingresos por el Ayuntamiento de doce millones de euros.
\nMientras el Ministerio no aclare si resarcir\u00e1 el da\u00f1o en las finanzas locales, la casilla queda en blanco. La cantidad supone m\u00e1s de la mitad del dinero que maneja la Fundaci\u00f3n de Servicios Sociales o de las inversiones totales que se recog\u00edan en el avance presupuestario. A esta circunstancia se a\u00f1ade el acuerdo sobre las ordenanzas fiscales con Ciudadanos, que entierra definitivamente la instauraci\u00f3n del \u2018IBI para ricos\u2019 en Gij\u00f3n y el correspondiente aumento de recaudaci\u00f3n por esa v\u00eda, que hab\u00eda sido cifrado en casi medio mill\u00f3n de euros. El boceto, por lo tanto, deber\u00e1 ser sometido a un repaso de arriba a abajo. Una revisi\u00f3n que exigir\u00e1 un recorte en el gasto, que era por donde crec\u00eda, ya que ser\u00eda una aberraci\u00f3n que el ajuste se produjera en el cap\u00edtulo inversor si con las cuentas se pretende sacar la ciudad de la par\u00e1lisis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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