Cuando Mina La Camocha cerr\u00f3 en 2007 Gij\u00f3n perdi\u00f3 un trozo de su alma. La explotaci\u00f3n carbon\u00edfera formaba parte de la identidad del municipio, de la historia de la industrializaci\u00f3n, de la misma manera que la siderurgia, el naval o la actividad vinculada a la transformaci\u00f3n del metal. Con la desaparici\u00f3n de la empresa se puso punto final a una tradici\u00f3n, que recordamos al contemplar el castillete cual s\u00edmbolo de aquel ajetreo diario en el pozo que no volver\u00e1 nunca m\u00e1s y del movimiento obrero surgido de sus entra\u00f1as.
\nEl cierre de la mina no result\u00f3 excesivamente traum\u00e1tico para quienes en ella trabajaban entonces. El mayor trauma, aunque quiz\u00e1s no se pueda calificar as\u00ed, lo padecieron aquellos directivos que trampearon la actividad para alargar el negocio a costa del erario p\u00fablico, pero afortunadamente se dieron de bruces con la justicia.
\nAquella clausura aparentemente ordenada desde el punto de vista social, sin embargo, dej\u00f3 sin resolver determinados problemas que transcurrido el tiempo se han convertido en un quiste para quienes tienen ahora la responsabilidad de buscar una soluci\u00f3n sin demasiados padecimientos. El destino de las casas del poblado es el m\u00e1s significativo.
\nM\u00e1s de una treintena de familias se enfrentan al riesgo del desahucio por la aplicaci\u00f3n de un plan de liquidaci\u00f3n, as\u00ed se llama oficialmente el maldito, que les puede dejar sin el techo que les cobij\u00f3 durante casi medio siglo gracias a aquel disfrazado paternalismo empresarial de anta\u00f1o. El administrador concursal, de repente, se ha transformado para estas personas en el hombre de negro. No quisiera estar en su lugar si la decisi\u00f3n final es el desalojo colectivo de los arrendatarios. Evitarlo tiene que ser el objetivo.
\nLa situaci\u00f3n de estos vecinos no es ninguna sorpresa. Poco despu\u00e9s de que la mina dejara de funcionar se present\u00f3 en las viviendas un tasador, cuaderno y bol\u00edgrafo en mano, para certificar el valor de los hogares por encargo del liquidador. Ya entonces, estamos hablando de 2010, se advirti\u00f3 de que tarde o temprano la orden de abandono, salvo arreglo, se producir\u00eda.
\nLa ley es la ley y para saldar las deudas de la empresa no existe m\u00e1s remedio que recurrir a sus activos patrimoniales, en este caso las construcciones del popular poblado. Pero aunque la ley sea la ley su aplicaci\u00f3n no deber\u00eda pisotear los derechos de unas personas, una buena parte de ellas viudas de mineros que entregaron sus vidas al carb\u00f3n, que ahora se ven de patitas en la calle si no se remedia esta injusticia social.
\nLa alternativa es que los inquilinos que han acreditado como dios manda el arrendamiento compren la casa en la que han vivido padres, hijos y nietos, tres generaciones enteras en algunos casos, por la mitad de la valoraci\u00f3n.
\nLa oferta, aunque parezca generosa, no es un regalo. Primero, porque la tasaci\u00f3n ahora no ser\u00eda la misma que la que se hizo hace una d\u00e9cada; segundo, porque las viviendas necesitan una rehabilitaci\u00f3n que la propiedad no acometi\u00f3 y tercero, porque los recursos de estas personas son apretados. Otra v\u00eda es que los inmuebles caigan en manos ajenas con el compromiso de mantener a esas familias mediante una actualizaci\u00f3n de sus rentas.
\nSeguro que puede haber m\u00e1s soluciones. En cualquier caso, las instituciones tienen la capacidad de mediaci\u00f3n y la potestad de intervenir si se requiere para solventar el problema. De lo contrario, podr\u00edamos estar ante un drama social de primer orden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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