La campaña electoral es un motivo excelente para que la Junta General del Principado quede en “stand by”. El 10 de junio se interrumpirá la actividad parlamentaria y no volverá a recobrarse la normalidad hasta después del 26 de junio. Luego, llegará julio y, como todos los años, empezarán a funcionar las tareas al aire libre (playa y piscina) dejando los escaños sin dueño. En un ejercicio ordinario, el trabajo de los diputados queda interrumpido entre principios de julio y la segunda quincena de septiembre (hubo alguna ocasión en que tras la celebración del pleno institucional del Día de Asturias no volvió a haber una convocatoria plenaria hasta octubre); a ello hay que añadir la pausa de invierno que se componen de la vacaciones de Navidad de las personas normales más el asueto de enero para los diputados, que se termina por San Blas (febrero).

Ese relajado plan de trabajo anual se hizo aún más laxo en el último año, al celebrarse comicios autonómicos y municipales (mayo 2015), elecciones generales (diciembre 2015) y nuevas elecciones generales (junio 2016). Desde marzo de 2015, el trabajo en el Parlamento quedó bajo mínimos. Tras las elecciones autonómicas, julio y agosto fueron como siempre, esa suma de vacaciones encubiertas y vacaciones propiamente dichas, y al llegar septiembre, el pleno se fijó para el día 25, con el único punto en el orden del día de elegir representantes de la Junta General del Principado en distintos organismos. Entre mayo de 2015 y junio de 2016, los diputados sólo tuvieron seis meses de actividad normalizada.

El ocio parlamentario, las singularidades de la Cámara asturiana -por ejemplo en el formato de preguntas al presidente-, la increíble reglamentación de la sesión de investidura, con la prohibición de votar en contra del candidato, y algunas cosas más (los aparatos de los partidos negociando los presupuestos), hacen que el Parlamento en Asturias tenga algo de simulacro, de ente fallido, de copia de una institución que en los países serios es de verdad. Todo esto viene de muy atrás, del inicio de la etapa autonómica, cuando la gente por la calle hablaba del “gobiernín”. Más allá de la afectividad propia de la idiosincrasia asturiana, tras el diminutivo había un sesgo de broma, de no tomárselo en serio, porque parecía un producto impostado con la textura de un decorado. Treinta años más tarde, seguimos teniendo un preocupante déficit institucional.