Roberto Fernández Llera, miembro de la comisión de expertos elegidos por los gobiernos autonómicos para sentar las bases del nuevo sistema de financiación, ha presentado las medidas acordadas. Vaya por delante que la música del discurso parece muy razonable al poner entre los objetivos la necesidad de tener una mayor capacidad tributaria y racionalizar los mecanismos de ajuste introducidos en el actual modelo que han dado un resultado disparatado, con una gran diferencia de financiación por habitante entre territorios.

Ahora bien, una cosa es orientar bien la reforma del modelo de financiación para que, por ejemplo, se pueda costear la sanidad de una forma más desahogada que hasta ahora, y otra muy distinta que las recetas de los expertos sean aplicables por el Gobierno. Los expertos proponen reactivar el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) que en los últimos veinte años ha dejado de jugar el papel que había tenido en los primeros años de la democracia. Para empezar, tratan de dotarlo de más recursos, y los expertos proponen que el País Vasco y Navarra, que no contribuyen ni con un euro al sistema de financiación, ingresen 2.600 millones  anuales en el FCI. Asturias recibe del FCI, en la actualidad, 13 millones al año, y con la reforma de dicho fondo podría llegar a recibir 100 millones o más. Hay cosas que un profesor de Hacienda Pública puede proponer y un ministro de Hacienda no puede hacer. Sería útil que los expertos redactaran un anexo explicando a Cristóbal Montoro cómo se le pide esa cantidad al gobierno del PNV. Es cierto que el FCI es el único mecanismo de solidaridad interterritorial que aparece recogido en la Constitución, y por ello compromete a todas las comunidades autónomas, sin excepción, pero suponer que los nacionalistas vascos van a aceptar, de la noche a la mañana, una obligación de ese tipo, me parece un sueño. Por cierto, imagino que la comisión de sabios lo habrá analizado, pero me temo que aún en el caso de que se impusiera ese criterio, el Gobierno vasco se descontaría del cupo que paga al Gobierno de España la cantidad que transfiere al FCI. Ya sé que son dos cosas diferentes, pero se han hecho concesiones tan escandalosas, algunas muy recientes, que cualquier disparate es probable.

La propuesta de introducir cambios en el tramo autonómico del IVA, con una postura conjunta de las regiones, es un acierto, pero dudo mucho que los gobiernos autonómicos se pongan de acuerdo. Montoro tiene la palabra.