Menos mal que alguien se ha decidido a actuar coherentemente. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha resuelto recurrir la decisión del juez Baltasar Garzón de declararse competente para investigar las desapariciones no resueltas de la Guerra Civil y el franquismo. El recurso ha sido firmado por el fiscal jefe de la Audiencia al considerar que lo que intenta hacer el juez estrella lleva, de forma inevitable, a “una inquisición general en nuestra Constitución”.
Cuesta entender por qué han tardado tanto en apelar el auto de Garzón. Pero más vale tarde que nunca. Ahora habrá que esperar la decisión del pleno de la sala de lo penal de dicho tribunal, que no puede ser otra que la de aceptar el recurso. Vamos, si no quieren que todo esto se les vaya de las manos.
Es evidente que muchas víctimas –y familiares de víctimas- de la Guerra y la dictadura quisieran saber dónde están sus familiares no encontrados. Pero hay que aprender a distinguir entre lo que se debe y no se debe hacer. Hay un tiempo para cada cosa, y éste, lamentablemente, ya pasó.
Hace unos días Garzón pidió que se abriera la tumba de Lorca. Y que se certificara que Franco había muerto. Si se permite que esta aberración judicial siga adelante, puede llegar a solicitarse que se juzgue al Rey Pelayo por la expulsión de los árabes de España, o a Cristóbal Colón por la masacre de indígenas a su llegada al Nuevo Mundo. Nadie dice que no fueran delitos. Pero ahora, simplemente, no es momento de remover las aguas estancadas de nuestra Historia. Sobre todo porque ya no puede cambiarse.
Ahora el propio magistrado tiene la opción de demostrar que se equivocó. Olvidarse del caso, pasar página y dedicarse a juzgar terroristas y malversadores, que es lo que hace bien de verdad. La justicia –y el sentido común- se lo agradecerán.