Las discusiones de barra sobre el año en que nació Pergolesi ya no dan para nada. Los chistes de Jaimito están de capa caída. Las discusiones –léase apuestas– sobre datos, fechas y otras hierbas se dirimen en pocos segundos con un teléfono móvil. En lugar de contar chistes, se despeja la mesa, se saca el móvil o el ordenador y cada cual aporta el último hallazgo en cuanto a vídeos graciosos. Ni nos miramos ni nos hablamos: solo nos preguntamos ocasionalmente –y por Whatsapp– cómo demonios podía regarse el árbol (¿el bonsái?) de la indignación cuando no existía Twitter.

Esta semana, una empresa privada que se llama Google ha decidido romper relaciones con un buen puñado de empresas privadas que se llaman periódicos, tasa gubernamental mediante. Los medios aducen que el amo de Internet no puede lucrarse con sus contenidos (contenidos: ¿cuándo dejaron de ser informaciones, reportajes y entrevistas?) y el amo de Internet, por su lado, que con impuestos no le interesa mantener esa parte de su negocio. Por el camino, no pocos han alimentado la paranoia cibernética en blogs y redes sociales: en el mejor de los casos, vaticinan una especie de cataclismo de la modernidad, de advenimiento de la naftalina por el portazo a Google. En el peor, que ha triunfado esa misteriosa mano negra llamada manipulación, ese lobby de orondos señores a los que nadie conoce que se encienden puros con billetes de quinientos euros.

Según datos del INE, en España hay tantos usuarios de Internet como gente que acude a votar en unas elecciones (en torno al 70% de la población). Curiosamente, ambos mundos se han sentado juntos a la mesa esta semana en dos ocasiones, y ambos banquetes han resultado de lo más revelador: la primera ocasión fue por el asunto de la tasa Google; la segunda, por el tan anunciado portal cibernético de transparencia gubernamental que nos iba a permitir a los ciudadanos saberlo todo sobre los timoneles de este caos. El primer caso ha puesto de manifiesto que hemos llegado a un punto en el que una guerra entre mercaderes digitales puede alimentar un fabuloso debate sobre la libertad de expresión, certificar aquella erradísima percepción de que todos los medios de comunicación, redes sociales o el propio Google son entes públicos. Y el segundo, que uno de los comensales en esta guerra de los mundos –el Gobierno, muchas de las instituciones– no entiende ni lo que es ni para qué sirven las páginas web.

Al ir a solicitar información al Gobierno por este «novedoso» canal transparente, lo primero que hace el navegador de Internet es advertir al usuario de que el portal es una amenaza –muy tranquilizador–. Una vez metidos en faena, la información es casi igual de accesible que si se sirviera en legajos de papel. Igual que sucede con el portal de transparencia asturiano, en el que hay contratos menores publicados que son directamente copias digitalizadas de los papeles físicos. Pura accesibilidad.

Ha llovido muy poco desde que Internet pasó de ser una herramienta a ser un estilo de vida. No lo suficiente, desde luego, para que sea colocado en la dimensión adecuada por los que lo usamos… ni por los que vamos a votar.

[Este artículo apareció publicado originalmente en la edición impresa de El Comercio del día 14 de diciembre de 2014.]