El ahora en prisión, Ignacio González, expresidente  de la Comunidad de Madrid, mantenía hace tiempo, una conversación con el Exministro Eduardo Zaplana y le decía: “El Fiscal  Manuel Moix es un tío serio y bueno”. “Yo creo que van a nombrarlo a él y si sale es cojonudo”. Hace dos meses, los deseos del expresidente se hicieron realidad y Manuel Moix fue nombrado Fiscal Especial Anticorrupción, por el Fiscal General del Estado.

En el año 2009, cuando era Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, le presentaron  al Sr. Moix, todos los datos de la trama que el expresidente Ignacio González había urdido tres años antes, entre otras cosas para adjudicar la explotación de la instalación deportiva del Canal de Isabel II, a la empresa Tecnoconcret, en la que figuraban como accionistas el hermano y el cuñado del Presidente del Canal. Consecuencia de esto, los vecinos de Madrid presentaron una denuncia ante la Fiscalía, acusando a González de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

El Sr. Moix se posicionó sobre estos hechos, en el sentido que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha”. Pero ¡qué casualidad! Estos mismos hechos en los que el fiscal Jefe no veía nada raro, son los que ahora sirvieron al Juez, para motivar el auto que envió a prisión incondicional al expresidente. Pero, por si esto fuere poco, el Fiscal Moix intentó evitar uno de los registros de la operación que llevó a la detención del expresidente de Madrid.  Anteriormente a esto, una vez fue designado fiscal superior de Madrid, por el Fiscal General del Estado, ya había intentado prohibir la divulgación de los correos secretos de Miguel Blesa, piezas clave en la investigación sobre las preferentes y las tarjetas black de Caja Madrid. También había intentado frenar las investigaciones que se pretendían realizar en el Canal Isabel II cuando su presidente era el ex ministro Sr. Gallardón.

Antes de la operación Lezo, considerando que la actuación del Fiscal Jefe no era correcta, los dos Fiscales que estaban llevando el caso, recurrieron al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (algo que es totalmente inusual). En este artículo se reseña que aquél fiscal que reciba una orden “que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente”, se lo hará saber a su fiscal jefe, mediante informe razonado y que, si este, “no considera satisfactorias las razones alegas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía. Los dos fiscales presentaron informe y mostraron sus discrepancias con su superior, sobre ciertas decisiones relativas al operativo que finalmente concluyó con las detenciones y encarcelamientos ya conocidos, decisiones mediante las que el Sr Moix había intentado vetar determinados registros de empresas filiales del Canal de Isabel II, para investigar operaciones sospechosas. Como era preceptivo, se reunió la Junta de Fiscales y en ella, los dos fiscales discrepantes resultaron apoyados por 19 de los 20 miembros de la Junta.

Tras el varapalo que le dieron sus subordinados, miembros de la junta, el Fiscal Superior no tuvo más alternativa que aceptar la petición de los dos fiscales que llevaban el caso y la operación Lezo se inició al día siguiente, para evitar más demoras que provocaran la eliminación de documentos u otras pruebas, antes de que se realizaran los registros. La operación se saldó con las detenciones y encarcelamientos que ya conocemos.

Como consecuencia de estas presuntas irregularidades del Fiscal Jefe Anticorrupción, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, acaba de pedir al Consejo Fiscal el cese del Sr. Moix “ante las recientes filtraciones de las actuaciones producidas en la Fiscalía Especial Anticorrupción” y después de la celebración de la Junta en la que de forma mayoritaria, los fiscales apoyaron a los dos fiscales que tenían asignado el caso Lezo.  Hacen referencia igualmente en su petición de cese, al relevo por Moix de los fiscales que hasta este momento llevaban el denominado caso del tres por ciento, por las comisiones irregulares cobradas por Convergencia. La Unión Progresista de Fiscales también pide al Fiscal General, que se le informe sobre estas situaciones tan irregulares.

Tras todo lo ocurrido en este incidente de la operación Lezo, tras las irregularidades en la investigación de Caja Madrid, tras le petición de dos de las Asociaciones de Fiscales,  todo apunta a que la actuación del Fiscal Superior no ha sido ni correcta ni adecuada.  Y a la vista de las conversaciones que mantenía el expresidente encarcelado con, el exministro Zaplana y que salieron a la luz, si uno piensa mal, tiene que concluir que ya no se trata de sospecha de parcialidad. Todo apunta a que hay una manifiesta parcialidad en sus actuaciones para defender intereses ocultos y no la legalidad, que es a lo que está obligado.

Por ello, considero que si se quiere recuperar el prestigio de la Fiscalía Especial Anticorrupción y del propio Ministerio Fiscal, como institución, si se quiere detener el claro deterioro de la imagen de los fiscales, si se quiere perseguir una justicia imparcial e independiente, el Fiscal Jefe tiene que ser cesado. Pero añadiría aún más, el Gobierno también debería de sustituir al Fiscal General del Estado que es quien nombró al Sr. Moix.

Por higiene democrática, por hacer frente a la corrupción política sin cortapisa alguna, por tener un Ministerio Fiscal imparcial e independiente, que sólo se ocupe de la   defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social o por garantizar que no reciba presión alguna de los poderes políticos, el Sr. Rajoy, de una vez por todas, debería de dejar mirar a los lados, debería de coger el toro por los cuernos, y provocar el cese inmediato del Fiscal Anticorrupción, e incluso, del Fiscal General del Estado. Si no lo hace, él también podría ser sospechoso de obstaculizar la lucha contra la corrupción.