Hace unos pocos días, el Ministro de Justicia, Sr. Catalá, dijo sin sonrojarse, que el buen funcionamiento de la Justicia es una demostración de la cercanía entre la Administración y la sociedad. Y hace esta afirmación precisamente en el momento en que los datos que registra el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, la preocupación de los ciudadanos por la corrupción, se ha disparado subiendo siete puntos en relación al mes anterior. Antes de comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y pese a esta seria preocupación de los ciudadanos por la corrupción, que según el CIS, es el problema nacional más importante tras el paro, el Sr. Catalá aseguró que confiaba en el buen funcionamiento de la Justicia y en relación a los casos de corrupción, afirmó que los tribunales aclararán los asuntos, someterán a enjuiciamiento a los que tengan que juzgarse y condenará a los que así se acredite.

Pues qué quiere que le diga, Sr. Catalá. Yo estoy el radical desacuerdo con usted. El funcionamiento de la justicia no es bueno. Es más, diría  que es absolutamente deficiente. La sociedad en general y los ciudadanos que recurren al auxilio de la justicia en particular, percibimos y sufrimos la exasperante lentitud, ineficiencia y pobre calidad de la justicia. La Justicia funciona mal, no por culpa de jueces, fiscales, secretarios y personal al servicio de la Administración. La justicia funciona mal, porque aunque a usted, Sr Ministro, se le llene la boca diciendo que defiende una justicia del Siglo XXI más ágil, con buenas leyes, con mejores medios y con mejores plantillas, como dice el refrán, del dicho al hecho hay un trecho.

La cruda realidad está en que las permanentes injerencias de los poderes políticos, injerencias que están siendo abiertamente criticadas por el Consejo de Europa, por no querer garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial, desde el mismo momento en que es el Congreso, en Senado, el Gobierno o las Comunidades Autónomas, los que eligen a los Magistrados con cargo de mayor nivel. Pero, la injerencia más importante del poder político, se produce en el mismo momento en que, con los presupuestos generales del estado, facilita o dificulta el buen o mal funcionamiento de los tribunales.

La asfixia presupuestaria que tiene la justicia, contrasta con los grandes avances producidos en sectores públicos como la sanidad, la Agencia Tributaria o la educación, por ejemplo. La justicia sufre un sistémico retraso, retraso que se puede calificar de tercermundista, si vemos el informe emitido por el Word Economic Forum on Judicial Independence, que sitúa a España en la posición sexagésima de un ranking de calidad de la justicia en diferentes estados.

Es inadmisible que tengamos una justicia totalmente fragmentada, con una absoluta descoordinación en la que, por un lado está el Poder Judicial elegido por los políticos y del que dependen los Jueces, por otro el Ministerio de Justicia del que dependen los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios) y por otro los cuerpos de gestión y auxilio procesal dependiendo de las diferentes Comunidades Autónomas, comunidades que a su vez, son las responsables de otorgar las necesarias dotaciones de medios materiales.

Una justicia lenta, no es justicia, ya que el ciudadano se ve privado de una tutela judicial efectiva. No es de recibo que si a mí me deben un dinero y presente en el Juzgado una demanda en reclamación de cantidad, el Tribunal tarde casi dos años en resolver ese sencillo procedimiento monitorio. Que si una vez el Secretario está de vacaciones, que si otra vez la oficial que lo lleva está de baja, que si hay mucho papel pendiente, que hay que señalar la vista para dentro de ocho meses porque el juzgado no da abasto.

Y si para los asuntos sencillos y de trámite ordinario, los retrasos son los que son, imaginemos lo que está pasando con todos esos casos de corrupción que andan por ahí pendientes y que tardan tantos años en resolverse. Si no hay medios personales y materiales suficientes para hacer frente a estos grandes y complejos procedimientos, el resultado no puede ser más que lo que estamos viendo día tras día. Procesos que duran una eternidad y que hacen que, por esas carencias, muchos corruptos terminen yéndose de rositas.

Si de verdad el Ministro quiere que la justicia empiece a funcionar bien, va a tener que convocar a todas las fuerzas políticas y tratar de llegar a un Pacto de Estado. Pacto que urge alcanzar y que debería de pasar por volver a centralizar la Administración de Justicia, eliminando su actual fragmentación. Es necesario también que ahora que se van a discutir los Presupuestos Generales del Estado, se dote de mayor independencia económica permitiendo presupuestariamente, el incremento de los medios personales y materiales que se necesitan, ya que esto y sólo esto, será lo que permita conseguir agilidad, eficiencia, eficacia y reducción en la duración de los procesos. Y de paso, en ese pacto de Estado, que se aproveche para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de los partidos políticos, para conseguir una verdadera independencia del Poder Judicial.

El buen funcionamiento de los Juzgados no se consigue con buenas y bonitas palabras de un Ministro, como tampoco se consigue promulgando leyes o decretos que digan, porque lo dice una ley, que los procesos tienen que durar tantos o cuantos meses. Los procesos tendrán que durar el tiempo que se requiera en razón a su complejidad y en razón a los medios con los que cuente el Juzgado. Así que, Sr. Ministro, menos palabras huecas y más mas dotaciones presupuestarias y más independencia del poder judicial. Si no lo hace así, el funcionamiento de la justicia seguirá siendo malo