El Principado tiene que mover pieza ante el traslado de la fábrica de armas de La Vega
Al año 2007 se le puso la etiqueta de “año electoral”. El 27 de mayo se renovó la composición de las corporaciones municipales y las cámaras autonómicas, y en otoño podría darse otra convocatoria a las urnas, anticipando unos meses el fin de la legislatura nacional. La oposición (PP) mantuvo todo el tiempo abierta la duda sobre la fecha de los comicios y Zapatero siempre declaró que quería agotar la legislatura, con cita a las urnas en marzo de 2008. Al igual que hizo Aznar en sus dos mandatos.
Ahora ya sabemos que la legislatura no se va a acortar, porque el Gobierno central necesita apaciguar las iras de los catalanes, víctimas de su propio autogobierno, incapaz de inspeccionar las empresas eléctricas que dan servicio en su territorio, y con tanto cambio de planes municipales sobre la entrada del AVE en Barcelona que la tardanza en la llegada del tren de Alta Velocidad ha colapsado la red de trenes de cercanías. En Cataluña le saca el PSOE quince diputados al PP, y en toda España, dieciséis. A la luz de estos datos se entienden las concesiones sobre el “Estatut” y el diseño confederal sobre el que se asienta el modelo territorial de Zapatero. Por eso no se va a adelantar la llamada a las urnas.
Aunque los comicios generales se celebren dos o tres meses después de finalizar el 2007, la etiqueta de “año electoral” resulta ajustada, porque es la primera vez que hay elecciones generales, autonómicas y municipales en menos de diez meses. La confusión sobre los años electorales reside en que toda la atención está puesta en las encuestas y las declaraciones rotundas de los candidatos, pero la vida sigue, porque la cercanía de las elecciones no puede detener todos los procesos. Verbigracia. En Asturias, el debate está montado sobre la inestabilidad parlamentaria, tras la ruptura del PSOE e IU, y en el bronco curso político a que estamos abocados. La lucha entre el Gobierno de Álvarez Areces y la oposición va a ser el anticipo del cruce de acusaciones de Zapatero y Rajoy. Mucha política, mucha pose, mucha declaración grandilocuente, pero también ocurren otras cosas.
No hace dos meses que el presidente Areces obtuvo la investidura y ya saltaron dos problemas industriales que precisan solución. El conocido asunto del sector naval, con la propuesta de Factoría Juliana de construir un nuevo astillero en El Musel, una vez que se absorba la mano de obra de Naval Gijón, en el caso de que este último astillero no encuentre un comprador, y el problema de la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, que quiere trasladar el empresario a Trubia, localidad en la periferia del municipio, para compartir solar con las producciones de armas que se realizan en la histórica Fábrica de Cañones de Trubia.
Hay algunas curiosas semejanzas entre ambos asuntos. Tanto en los barcos de la bahía gijonesa como en las armas de Oviedo toda la atención está puesta en los enormes solares sobre los que están asentados, cuando debería estar en la producción de armas y barcos. En ambos expedientes la central sindical, UGT, tiene un papel muy destacado, en un caso proponiendo el traslado del astillero y en el otro pidiendo garantías para fabricar armas en otro lugar.
Como la cuestión de los astilleros es más conocida, entremos a analizar la fabricación de armamentos. La Fábrica de Armas de La Vega y la Fábrica de Cañones de Trubia formaban parte de la empresa estatal Santa Bárbara, integrada en el INI. Durante el mandato de Aznar, el propietario pasó a ser la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), conocido instrumento societario creado para maquillar el balance de las empresas públicas como paso obligado para entregarlas a manos privadas. Cuando salieron a concurso público, las factorías de Santa Bárbara fueron adjudicadas a la empresa norteamericana, General Dynamic.
Años más tarde, el Tribunal de Cuentas realizó un dictamen en el que consta que la empresa norteamericana no cumplió los compromisos adquiridos en la privatización, estando pendiente la realización de inversiones. En ese contexto se conjetura sobre el traslado de la factoría a Trubia, aprovechando que allí la empresa tiene otras producciones de armas. La concentración industrial tiene una buena cobertura en la sociedad, porque es habitual hablar de sinergias, ahorro de costes, etcétera. En este caso no hay nada de eso. En Trubia se produce armamento clásico, con trabajo de calderería para barcazas de carros de combate, mientras que en La Vega se fabrican armas de alta tecnología, con muchas certificaciones y procesos de alta precisión.
Se quiere trasladar la fábrica de La Vega a Trubia sin hablar de inversiones y sin aclarar qué se va a hacer con la mano de obra excedente. Sin plan industrial y sin plan laboral. ¿Con qué dinero se van a financiar las prejubilaciones? No olvidemos que para la mente de un empresario norteamericano, hablar de prejubilaciones, de pagar a los obreros para mandarlos a casa en edad de trabajar, roza el absurdo.
La factoría de Oviedo, junto a las de La Coruña y de Granada, del grupo Santa Bárbara, estaban interesadas en el proyecto “Spike”, un misil anticarro que pesa 26 kilos y se puede lanzar a cuatro kilómetros de distancia. En la jerga bélica se le conoce como “dispara y te olvidas”. Un proyecto para hacer 2.600 unidades y con 960.000 horas de carga de trabajo. En Galicia, con apoyo de la Xunta, se han movido para mejorar la ubicación de la planta de La Coruña. La fábrica de La Vega quedaría en una posición marginal, y si se traslada a Trubia sin plan industrial, estaría fuera de cualquier producción relacionada con misiles, en una coyuntura caracterizada por el auge de la demanda internacional.
La Sepi y la Consejería de Industria tienen mucho que decir, porque los terrenos de la Vega, de incalculable valor a un kilómetro de la calle Uría de Oviedo, son del Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa es el principal cliente de General Dynamic. Por otra parte, las potenciales plusvalías urbanísticas del suelo de La Vega tendrían como destino el Estado. Un juego muy complicado pero en el que los poderes públicos tienen muchas bazas. Ahora falta que quieran jugarlas, que así también se ganan votos.