La posición de la alcaldesa de Gijón, reclamando una descentralización de sedes y servicios del Principado, es interpretada por el PP como una postura egoísta. Si tomamos por buena esa valoración, cualquier petición de un alcalde para su municipio sería igualmente egoísta. Sin embargo, defender los intereses de los concejos es la primera obligación de sus alcaldes. Si Paz Fernández Felgueroso es egoísta por pedir una reforma estatutaria que otorgue libertad al Gobierno regional para fijar las sedes de la Administración autonómica, no sé cómo habría que calificar la postura de Gabino de Lorenzo que entiende la capital como una cuestión específica de los ovetenses, sin conexión con el resto de la región.
Joaquín Aréstegui, portavoz del PP en la Junta General del Principado y una de las mejores cabezas de su partido, considera que la posición de Fernández Felgueroso busca crear una administración bicéfala, entre Oviedo y Gijón, olvidando el resto de la región. Este es la vieja visión del poder territorial en Asturias: la región entendida como un pulso entre las dos principales ciudades. A estas alturas, con un cuarto de siglo de rodaje autonómico a las espaldas, no cabe reducir las relaciones de fuerza en Asturias a una competencia entre las dos urbes. Lo que hace falta es romper con la unidad de medida del municipio y pensar en términos más amplios. Al igual que Madrid, Barcelona o Valencia son algo más que una suma de barrios, el centro de Asturias es mucho más que la zona de influencia de dos ciudades. Dejando al margen la cuestión de las sedes, me resulta inexplicable que se pueda seguir planeando el urbanismo en la zona central con plena autonomía de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, de modo que resulta muy difícil reordenar un espacio de menos de 3.000 kilómetros cuadrados que acumula cerca del 90% de los usos, suministros y producciones de la región.
En las dos semanas que llevamos de debate sobre la localización de las sedes, el verdadero déficit está en el Principado. Si el Gobierno regional se conforma con explicaciones lacónicas y silencios elocuentes, la discusión territorial queda por fuerza en manos de los alcaldes. Con esos mimbres es más difícil llegar a consensos.