Gabino de Lorenzo aprovecha la siesta de los dirigentes del PP regional para hacer propuestas políticas, la última de ellas relacionada con el Pacto Local. El alcalde de Oviedo considera que la reforma del Estatuto de Autonomía debe llevar aparejado el trasvase de competencias del Principado a los ayuntamientos. Esta iniciativa propiciaría la colaboración entre las instituciones y serviría para mejorar las finanzas de los consistorios, según De Lorenzo.

Está previsto que se apruebe en esta legislatura la Ley del Gobierno y la Administración Local, con la que se pretende fijar las responsabilidades de los ayuntamientos y sus fuentes de financiación. La economía de los municipios está en bancarrota en toda España y el Gobierno quiere solucionar el problema por vía normativa, dando una mayor participación en los ingresos tributarios a los ayuntamientos y terminando con la confusión que existe entre las competencias de las administraciones. La solución para los problemas de las corporaciones locales debe venir de la mano de este proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso de los Diputados.

No creo que los ayuntamientos tengan papel alguno que jugar en la reforma del Estatuto de Autonomía, aunque hay sesudos miembros del Consejo Consultivo que ven lógica la contribución de los alcaldes a la reforma. El Pacto Local fue una iniciativa temprana del presidente Areces -en el verano de su primer mandato- para justificar la fama de político municipalista con la que llegó al Principado. El pacto descansa en la idea de transferir competencias desde la comunidad autónoma a los consistorios, lo que en Asturias es contraproducente, porque lo que hace falta es reforzar las instituciones regionales y poner orden en el territorio, donde cada alcalde ejerce como si su predio municipal estuviese desgajado de la comunidad autónoma. En Asturias, sobra localismo y falta integración regional, por más que todos amemos la bandera y sintamos de forma entrañable el himno. Aumentar las competencias del Principado y reforzar su papel de vigilancia sobre los ayuntamientos (urbanismo, medioambiente) sería un signo de racionalidad, mientras que dejar que cada alcalde haga lo que quiera es apuntarse al atraso.