Tras un largo proceso de negociación, el Gobierno de Zapatero ha llegado a un acuerdo con todos los grupos parlamentarios (exceptuando al PP y a ERC) sobre la Ley de Memoria Histórica, que será tratada en el Pleno del Congreso de los Diputados dentro de diez días. Sobre esta iniciativa parlamentaria se ha discutido mucho, unos defendiendo la necesidad de dar reconocimiento público a las víctimas de la represión durante la Guerra civil y la Dictadura, y otros acusando el proyecto de maniqueo, al no valorar que los excesos violentos se dieron en los dos bandos enfrentados durante la contienda fratricida. Puede que unos y otros tengan razón, pero la valoración política no se puede plantear en estos términos.
La Ley de Memoria Histórica sería inobjetable en la primera legislatura democrática, como forma de revisión crítica sobre el periodo político precedente, cuando se hablaba constantemente en la calle de la Segunda República, la Dictadura y la recuperación del sistema de libertades. Treinta años más tarde, no había ninguna razón para ponerse a discutir sobre los crímenes cometidos durante el franquismo, porque las prioridades políticas y legislativas son otras. Gaspar Llamazares valora la redacción definitiva de la ley porque deroga el aparato jurídico de la Dictadura y declara ilegítimos los procesos. A estas alturas, no es ningún avance la deslegitimación de los procesos judiciales del franquismo porque la sociedad española no tiene ninguna duda sobre la iniquidad de la Dictadura.
La Ley de Memoria Histórica se apoya implícitamente en la premisa de reparar una injusticia que no pudo realizarse durante los primeros años de la democracia. Es algo similar a lo que pasa con los nuevos estatutos de autonomía que pretenden superar los condicionantes políticos que supuestamente pesaban sobre los actuales textos, como si el Estado de las Autonomías se hubiese levantado con pesadas hipotecas. Sin embargo, la sociedad española está ahora más dividida que al empezar la actual legislatura y el modelo territorial –si es que hay alguno- suscita un menor consenso que el asentado con los primeros estatutos. Zapatero debería meditar sobre estas realidades antes de lanzarse a abrir debates.