Mariano Rajoy ha grabado un mensaje de corte institucional, en el que invita a los españoles a celebrar la fiesta nacional del 12 de octubre (Día de la Hispanidad) con algún gesto hacia la bandera, símbolo por excelencia de todos los españoles. Una iniciativa sin precedentes, máxime al tratarse de un político que no gobierna, sino que es líder de la oposición.
A la bandera española le ocurre lo que no sucede con ninguna otra bandera de un país democrático: una parte de la población no se atreve a mostrar simpatía por ella, al creer que se trata de una actitud derechista, propia de los nostálgicos del anterior régimen. En España se agitan, sin pudor, las banderas de las comunidades autónomas, pero la enseña nacional no se cuelga con facilidad en los balcones, para no provocar equívocos. Es una situación singular, que no tiene parangón en otro lugar. No hay una mayor identificación de los ciudadanos con las comunidades autónomas que con la nación –exceptuando, quizás, un par de territorios-, pero la bandera nacional se evita, salvo si se trata de airearla en competiciones deportivas. La razón de esta situación especial no es otra que el poso del franquismo. Durante la Dictadura se persiguió a los comunistas o se depuró a una parte de la intelectualidad, pero nada quedó más dañado que la educación clásica y la bandera nacional. La alergia a la disciplina en los centros de enseñanza responde al miedo a repetir el autoritarismo de la Dictadura, y la reserva hacia la bandera nacional nace de la identificación cromática con el franquismo. Aunque se cambió el escudo, quedó el estigma. Es algo absurdo, porque el franquismo no inventó ninguna bandera, aunque sustituyera la tricolor de la II República.
La iniciativa de Rajoy puede servir para romper con los prejuicios hacia la bandera, aunque su finalidad es otra: reivindicar la nación ante el desmadre de las “realidades nacionales” de los estatutos y la consulta popular del lendakari. Creo que el reconstituyente nacional sería más efectivo con otra medicina: un pacto de los dos grandes partidos para discutir todo, pero con dos límites: respeto a la letra de la Constitución y no negociar la estructura estatal con los grupos nacionalistas que no creen en el Estado.