En caso de ser reelegido como presidente, Zapatero promete para la próxima legislatura que elevará el salario mínimo hasta los 800 euros. Dicho salario se encuentra en la actualidad en los 570 euros y va a ser próximamente incrementado hasta los 600. El salario mínimo sólo afecta a 130.000 trabajadores, aunque es una referencia para otro tipo de sueldos y ayudas. En el actual mandato conoció una elevación del 33%, bastante más que en anteriores periodos legislativos. La promesa realizada por Zapatero consiste en mantener el mismo porcentaje de incremento para el próximo mandato, al elevarlo de los 600 a los 800 euros.
Las organizaciones de los trabajadores piden revisar la cantidad de dicho salario sin tomar como referencia la inflación, al aludir a las condiciones económicas mínimas para poder tener una vida digna. Por su lado, la patronal pide moderación, tomando como argumento el desbordamiento de los costes salariales. En realidad, cualquier aumento de sueldos tiene como contexto obligado el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC), aunque con el salario mínimo hay que hacer algunas consideraciones especiales.
Lo primero que cabe decir es que la subida del salario mínimo no tiene una especial repercusión en el sistema, porque afecta a pocos trabajadores. En distintos países de la UE, cuando se estableció una revisión automática semestral del salario mínimo, las diversas patronales lo criticaron por ser causante de la inflación, pero no cabe establecer ese nexo. En la actualidad, en España hay más de 20 millones de trabajadores en nómina y el salario mínimo afecta a un porcentaje mínimo de ese extenso colectivo. Al margen de la posición de la patronal, hay una crítica de carácter liberal al salario mínimo que no tiene como objeto la cuantía del mismo, sino el hecho de que el Gobierno se inmiscuya en las relaciones laborales, cuando el mercado libremente puede ajustar todos los sueldos. La verdad es que en España hay mucha gente dispuesta a trabajar por menos de 600 euros, pero el carácter social del Estado, fijado en el primer artículo de la Constitución, obliga a intervenir. Conclusión: correcta la promesa de Zapatero, que sólo tiene el riesgo de provocar menos contrataciones.