Con la perspectiva que dan las primeras veinticuatro horas desde que se hizo pública la sentencia del juicio sobre la matanza del 11-M se pueden sacar algunas conclusiones. En primer lugar, el gran prestigio del tribunal que juzgó la terrible masacre, porque aunque los abogados de los condenados anuncien recursos de apelación y aunque algunas asociaciones de víctimas se declaren insatisfechas con las condenas, nadie rechaza de plano el fallo del tribunal. En un momento en que el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial están paralizados por las luchas partidistas, y los jueces estrella compiten con actuaciones contradictorias que dejan desconcertados a los ciudadanos, llegan tres magistrados de la Audiencia Nacional y redactan una sentencia inteligible, que no toma partido en la lucha política y mediática abierta hace tres años en torno al caso que juzgan.
La segunda conclusión tiene que ver con la controversia pública. Si alguien ajeno a la vida española asistiera al cruce de declaraciones entre los dirigentes políticos nada más conocerse la sentencia concluiría que la cúpula de unos de los dos grandes partidos se sentaba en el banquillo. Es lamentable ver al ministro Rubalcaba decir, “Le pido señor Rajoy que repita conmigo, ETA no ha sido” y a Zaplana replicar, “Zapatero debería decir claramente que Irak no ha sido”. El afán por sacar plusvalías electorales de la sentencia lleva a realizar declaraciones fuera de lugar. El mayor ataque terrorista de la historia de España contra la convivencia democrática no puede tener como corolario las graves descalificaciones entre los dos partidos que tienen cerca del 90% de los escaños y que representan a más de veintiún millones de votos.
Tercera consecuencia. Acaba de nacer un debate nuevo: la diferencia entre autores manuales e intelectuales de una matanza. ¿Por qué nadie se pregunta cuando se juzga un asesinato cometido por ETA quién es el autor intelectual del crimen? Hay muchos actos de terrorismo con sentencia firme en los que se desconoce quién fue el primero en proponer que se siguiera a tal o cual guardia civil, sin que nadie diga por eso que la sentencia está incompleta. El fallo de un tribunal no es una tesis doctoral.