El descontrol de los explosivos en Mina Conchita no es algo que revele la sentencia del juicio sobre la matanza del 11-M, sino que ya quedó claro en cuanto empezaron las investigaciones judiciales sobre las andanzas de Trashorras con la dinamita. Desde una perspectiva asturiana, hay tres hechos negativos que no cambia la sentencia: la descoordinación policial en nuestra región, reconocida por el que entonces era Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, la laxitud en el control de los explosivos en Mina Conchita, y la conexión terrorista, entre Trashorras, con sus “correos”, y los fundamentalistas islámicos. Lo que aclara la sentencia, en lo que respecta a la derivada asturiana, es que no había una estructura organizada, porque Trashorras actuaba de forma autónoma con el mínimo apoyo de algunos personajes auxiliares en la historia de la tragedia, que no conocían con exactitud lo que se estaba preparando. Esto no quiere decir que otros procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional sobre el descontrol de la dinamita no puedan acarrear penas para las personas imputadas.
La sentencia no ha apaciguado el debate entre la clase política, pese a que el fallo judicial no coincida enteramente con los intereses expresados con anticipación por los grupos políticos. La unidad de los partidos ante el atentado se terminó a las veinticuatro horas de la tragedia y todavía no ha quedado restablecida. El PP cometió un error estratégico al hacer de la investigación de la matanza una pieza clave de su oposición al Gobierno. Para un partido que pierde las elecciones, pero mantiene una alta adhesión de votos, es mucho más acertado mantener una oposición centrada en la gestión del mandato, no en hechos que acaecieron cuando estaba gobernando. El partido más interesado en hacer borrón y cuenta nueva era el PP. Quizás ahora, a cuatro meses de las elecciones, se dé cuenta del error.
Hay una secuencia de desavenencias en este mandato que van mucho más allá de las discrepancias normales entre gobierno y oposición: salida de las tropas de Irak, controversia sobre la matanza del 11-M, Estatuto de Autonomía de Cataluña y proceso de paz. Las elecciones tendrán el dramatismo de una sentencia judicial.