La atipicidad institucional asturiana puede llevar a un rechazo a los presupuestos sin enmiendas a la totalidad

El próximo día siete llega a la Junta General del Principado el proyecto presupuestario del Gobierno regional, tras fracasar el conato de negociación entre el Gobierno y la oposición. Para que no quedara difuminado su perfil de alternativa de poder, el PP descartó el apoyo a los Presupuestos del Principado. En cuanto a IU, encontró en los pocos datos suministrados por el Gobierno la excusa que necesitaba para mantener las distancias. De esta forma, los socialistas agotaron en unos días la vía abierta en el debate sobre el estado de la región para pactar las cuentas regionales antes de que el proyecto fuera sometido al trámite parlamentario. A partir de la semana que viene, los tres grupos dirimirán sus estrategias en los escaños.
Desde la sesión de investidura quedó claro que el Gobierno socialista no cuenta con el apoyo de la Cámara. Puede parecer un contrasentido lo que acabamos de escribir, porque la finalidad de la sesión de investidura consiste precisamente en convalidar en el Parlamento la ventaja lograda en las urnas, pero el mecanismo por el que se rige la elección del presidente por la Junta General del Principado es claramente insatisfactorio, al favorecer en exceso la elección del candidato, de tal forma que en la segunda votación basta el voto afirmativo de un diputado para que sea investido como presidente. Una vez puesto en marcha ese artificio comienzan las dificultades para cualquier presidente que no cuente con 23 diputados. Eso es lo que ha ocurrido.
Ante la falta de socios en la Cámara, el presidente Areces ha acudido a buscar dos tipos de apoyos: los agentes sociales y los ayuntamientos gobernados por IU o con una alianza de izquierda. La concertación social se convirtió en un tema urgente que ya mereció un primer contacto entre los interlocutores –Gobierno, centrales sindicales y patronal- en el mes de julio y que ahora avanza a buen ritmo. Para el próximo día 21 hay fijada otra reunión a la que acudirá el Principado con un plan de inversiones en infraestructuras de transporte y medio ambiente, valorado en 1.700 o 1.800 millones de euros. Se trata de un documento anexo, independiente de la negociación con los agentes, pero que va pegado al texto. ¿Se atreverá IU a quitarle esa “golosina” a los sindicatos?
La carta de los ayuntamientos la jugó el Gobierno de Areces en Castrillón, la principal plaza de IU y séptimo municipio más poblado de la región. En el Principado dicen que tienen relaciones más fluidas con la alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina, que con muchos regidores socialistas. No es difícil tener amigos en los entes locales cuando se llega con la chequera financiando inversiones en centros culturales, rehabilitaciones de conjuntos históricos, pabellones deportivos, obras de saneamiento, etcétera. En política no hay gestos inocentes.
Con estos antecedentes llega el proyecto presupuestario a la Cámara, con los empresarios pidiendo al PP que permita la aprobación de unas nuevas cuentas regionales mientras los sindicatos hacen guiños a IU para que deje pasar los presupuestos. Por si todo esto fuera poco, el Principado advierte que el rechazo de las cuentas regionales conllevaría la pérdida de 300 millones de euros de inversión, que están asignados a nuevos objetivos, no contemplados en los presupuestos del presente año.
A partir de estos datos, a los grupos de oposición les toca mover pieza. El PP ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad, que en caso de ser apoyada por IU zanjaría el debate y quedarían automáticamente prorrogadas las cuentas regionales. En la actualidad, la probabilidad de que IU apoye una enmienda a la totalidad del PP es nula. Ni en la etapa más antisocialista de Julio Anguita se hubiera comportado así el grupo parlamentario de IU. El PP tiene la estrategia fijada, al acogerse a la doctrina de Rajoy: enmienda a la totalidad y a ver qué hace la izquierda.
LAS COMPLICACIONES DE IU
En estos momentos, todos los ojos están puestos en IU. Aunque este grupo ya anunció al principio del mandato que se opondría a los presupuestos, hay dudas sobre la estrategia que va a llevar a cabo. La única postura que está descartada es el apoyo incondicional a las cuentas del Ejecutivo socialista. Una certeza acompañada de interrogantes. ¿Presentará IU una enmienda a la totalidad como hacen todos los partidos de oposición que critican duramente a los respectivos gobiernos? Por extraño que parezca, no hay constancia de que adopten los diputados de IU esa postura. Los dirigentes de IU temen aparecer ante su electorado como los grandes protagonistas de la prórroga presupuestaria, frustrando las aspiraciones de los ayuntamientos gobernados por su partido y recortando capacidad de maniobra a los agentes sociales. Si su enmienda a la totalidad es apoyada por el PP, les resultaría difícil de explicar que votan con la derecha contra los presupuestos más sociales e inversores de la etapa autonómica, mientras que hace un año gobernaban con un presupuesto menos expansivo.
Pueden los diputados de IU entrar en la dinámica de las enmiendas parciales, desfigurando el proyecto de Areces, pero esa posibilidad no les es grata a cuatro meses de las elecciones; además, hay que contar con la proverbial habilidad del presidente Areces para integrar demandas que vengan por su izquierda, lo que les podría crear tensiones internas. Si no apoyan los presupuestos ni presentan una enmienda a la totalidad ni plantean enmiendas parciales, ¿qué van a hacer?
Queda una última posibilidad: votar en contra del proyecto de Areces sin presentar enmiendas a la totalidad. Es una forma de tirar la piedra y esconder la mano. No se pide rectificar las cuentas, conformándose con votar en contra. A esta alternativa no se acoge ningún partido serio en un Parlamento, pero es muy consecuente con la estrategia de la oposición en este mandato: renunciar a formar una alternativa de gobierno (PP e IU suman 24 diputados) por el método de gestionar la región desde la Cámara. El plan consistiría en la devolución de los presupuestos y habilitar partidas de crédito en la Junta General del Principado, votando dos o tres grupos juntos las propuestas. Un gobierno de cuarenta y cinco carteras