El debate de los ex presidentes, en Canal 10, sentó las bases para cambiar la norma autonómica

La reflexión de los cuatro ex presidentes del Principado (De Silva, Rodríguez-Vigil, Trevín y Marqués) sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias, realizada esta semana en el plató de Canal 10, desbordó las coordenadas habituales del debate estatutario, en el que cada opinión va adosada a la estrategia de un partido. Desde la libertad y con la experiencia que da haber pilotado la nave, las cuestiones fundamentales quedaron expuestas ante la audiencia. Un debate abierto, sin recetas, que dejó cabos sueltos, susceptibles de ser anudados en un artículo.
La reforma del Estatuto de Autonomía se ha planteado, desde el Gobierno regional, como una operación vinculada a la asunción de nuevas competencias. Para dar un mayor realce político a este objetivo, se habla de “aumentar el autogobierno”. Luego, cuando se entra en la letra pequeña, se descubre que esa nueva meta autonómica va ligada a blindar el agua de los ríos o a mandar sobre los ferrocarriles de vía estrecha. Objetivos tan legítimos como intranscendentes para el ciudadano. Ante este discurso, los cuatro ex presidentes coincidieron en señalar que la reforma del Estatuto de Autonomía es un objetivo que nos viene más o menos impuesto, fruto de un proceso general que afecta a todas las comunidades autónomas, y que en ritmos y techos viene encabezado por Cataluña. No es que aspiremos a tener más autogobierno, es que el mapa autonómico ahonda en sus trazos políticos y administrativos, así que no nos queda otro remedio que gobernarnos dentro de ese Estado repensado entre Zapatero y las fuerzas políticas catalanas.
No es una cuestión baladí esta distinción, porque una cosa es que Asturias necesite más competencias, y otra que el Estado, como tal, opte por una centrifugación de recursos (humanos, materiales y económicos) ante la que Asturias sólo puede adaptarse o constituirse en territorio-excepción. De ahí que la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias sea una operación inevitable, porque una región con un millón de habitantes no está en condiciones de corregir el rumbo de la política española.
Otra cuestión afrontada por los ex presidentes, en su debate, es el balance de los 25 años del Estado de las Autonomías. La idea de que fue un gran acierto la creación de las comunidades y el posterior desarrollo de la vía autonómica, en un incesante proceso de asunción de transferencias, está muy asentada entre la clase política española. Hace poco más de un año, en una visita girada a Asturias, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, declaró que había sido el gran acierto de los políticos de la transición, y ligó la realidad autonómica con la creación de empleo y el aumento de riqueza. Sobre el plató de Canal 10, hubo ex presidentes que hicieron un balance muy positivo del desarrollo del Estado de las Autonomías, pero también quedó expresada otra opinión: desconocemos cómo nos hubiera ido con otro modelo de Estado, moderadamente descentralizado, manteniendo en manos del Gobierno central las competencias de sanidad y educación, y con amplia disposición sobre la recaudación fiscal. Lo cierto es que el mapa de las autonomías se diseña para evitar graves problemas de convivencia en dos territorios determinados (País Vasco y Cataluña), y a partir de ahí se edifica el nuevo Estado, en una relación, centro/periferias, que busca la armonía sobre la base del trasvase de recursos.
¿Cómo le ha ido a Asturias dentro de esa dialéctica general? Una pregunta aparentemente sencilla, pero que resulta difícil de contestar porque está envuelta prejuicios. Si el Estado de las Autonomías viene marcado por las ansias de autogobierno de dos comunidades concretas, y si el actual proceso de reformas estatutarias nace de una entente entre Zapatero y el “establishment” catalán (todas las fuerzas políticas catalanas menos el PP), lo lógico es que los grandes beneficiados del proceso autonómico sean las comunidades con fuerte presencia nacionalita. ¿Es así?
ASTURIAS Y CATALUÑA
Con los números en la mano, Asturias recibe, proporcionalmente, más recursos del Estado que Cataluña. De largo. Esta realidad quedó ilustrada en el debate con algunos parámetros. Los catalanes aspiran a recibir el 18,8% de las inversiones del Estado, lo que igualaría su contribución al PIB nacional; los asturianos recibimos el 4,4% de la inversión estatal, aunque sólo aportamos un 2,2% a la riqueza nacional. Expresado con otros términos: recibimos del Estado una financiación “per capita” que duplica la obtenida por Cataluña.
Este hecho es una constante en la etapa autonómica, ya que el Estado construye un conjunto de infraestructuras en Asturias (autovía del Cantábrico, autovía a Castilla, autovía del interior, ampliación de El Musel, variante de Pajares) que no tiene equivalencia en Cataluña, con unas infraestructuras envejecidas y colapsadas. Pero no es sólo por este hecho, sino que por vía de la industria, con Hunosa (subvenciones al carbón, prejubilaciones, fondos mineros) y la siderurgia (la modernización de Ensidesa -prejubilaciones, altos hornos y acerías- superó el billón de las antiguas pesetas), hemos recibido ingentes recursos. ¿Ha sido favorecida Asturias en el Estado de las Autonomías, frente a las regiones ricas como Cataluña?
La cuenta es mucho más compleja. De entrada, digamos que el País Vasco y Navarra, con sus sistemas forales, son los grandes privilegiados. En cuanto a la comparación entre las regiones ricas (Cataluña) con las pobres (Asturias), cabe establecer un símil con lo que ocurre en el interior de la Unión Europea. ¿Los grandes beneficiados en la Unión Europea, durante los últimos veinte años, fueron España, Portugal, Grecia e Irlanda, o lo fue Alemania? Por la financiación recibida (fondos de cohesión y estructurales) han sido los países pobres, pero Alemania se benefició de las ventajas del mercado unido. Sin embargo, en la actual España de Zapatero, ocurre que “Alemania” (Cataluña) quiere sumar a las ventajas del mercado la financiación suplementaria del Estado.
Un cuadro de reflexiones, propiciada por la discusión entre los ex presidentes, que puede servir de base para la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias.