La consejera portavoz del Gobierno regional afirma que la mejora de la financiación municipal es un asunto que compete al Estado, en respuesta a la petición de la alcaldesa de Gijón de resolver esta cuestión dentro de la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias. Ana Rosa Migoya cree que el Gobierno central tiene que dar más recursos económicos a los ayuntamientos, mientras que Paz Fernández Felgueroso considera que las comunidades autónomas deben garantizar la suficiencia financiera de las corporaciones municipales. ¿A quién darle la razón?
Los ayuntamientos están en la bancarrota y no debe mantenerse por más tiempo esta situación. El deterioro urbanístico, la explotación descontrolada del suelo, tiene que ver con la necesidad de los consistorios de hacerse con más recursos por la vía del Impuesto de Bienes Inmuebles y por las licencias urbanísticas. Si dejan de convertirse el urbanismo en un recurso económico esencial para los ayuntamientos, habrá que buscar otra fuente sustitutiva de ingresos. Las comunidades autónomas reciben del Estado un 33% de la recaudación del IRPF y un 35% del IVA, así como un 40% de los Impuestos Especiales. Pese a ello, apenas logran financiar la gestión sanitaria y tienen que recibir cantidades extraordinarias del Gobierno central. No creo que las comunidades autónomas estén en condiciones de segregar, a favor de los ayuntamientos, una cuota de su participación en los impuestos del Estado. La solución puede pasar por un recargo municipal sobre algunos tributos estatales o por crear una figura tributaria nueva de clara vocación municipal. El problema estriba en que no soplan vientos favorables para el incremento tributario, y todos los alcaldes preferirían que les cedieran una parte de la actual recaudación tributaria.
Todas estas cosas iban a resolverse con la nueva Ley de Régimen Local, prometida por Zapatero, que quedará para el próximo mandato, al igual que la reforma de la financiación autonómica. Tiene que haber un gobierno con suficiente mayoría parlamentaria para solucionar esas dos cuestiones que configuran, junto al desmadre de las identidades estatutarias y los blindajes de competencias, el llamado “problema territorial”.