El PP reorienta su discurso para las próximas elecciones generales, al dejar en un segundo plano todas las alusiones al 11-M y a la lucha antiterrorista, para centrarse en asuntos económicos y sociales. Mariano Rajoy acudirá a los comicios con una propuesta de reforma fiscal que libera a siete millones de contribuyentes de realizar la declaración de la renta por tener ingresos inferiores a 16.000 euros. En el programa también se contempla una subida especial para las pensiones mínimas, porque el PP quiere ayudar a las familias que lo están pasando mal.
Mariano Rajoy corrige el rumbo en los últimos meses de la legislatura, porque los resultados de alguna encuesta le habrán convencido de que con ETA y el 11-M no se conquista la Moncloa. Tal vez acierte. Al desplazar el foco de atención del terror a la economía no puede perder de vista el líder del PP que en esa materia el Gobierno presenta un balance sobresaliente. Hay problemas, como el déficit exterior o el repunte de la inflación, pero Zapatero tiene triunfos en la mano, porque ha estado al frente del Gobierno que creó más empleos en la etapa democrática. No creo que el anuncio de una nueva rebaja fiscal conmueva al electorado. Menos sentido tiene anunciar una mejora de las pensiones mínimas, ya que en la presente legislatura han subido más de un 25%. La ganancia del voto tiene que venir por otro sitio.
En la Conferencia Política del PP se ha hablado de reformar la Constitución para fijar con claridad las competencias básicas del Estado que han quedado diluidas con los nuevos estatutos. Es una propuesta sensata que presenta dos problemas, uno de oportunidad y el otro de estrategia. El Estatuto de Autonomía de Andalucía reduce el núcleo de competencias del Estado y fue negociado y aprobado con los votos del PP. En la campaña electoral le van a recordar a Rajoy esa contradicción. Más grave es el problema de estrategia, ya que la necesaria reforma de la Constitución sólo se puede llevar a cabo de acuerdo con los socialistas, y no se da ningún paso en esa dirección. Hablar de cambiar la Constitución sin el PSOE es un discurso vacío. Sin embargo, estas limitaciones no restan interés a la propuesta reformadora del PP, que debería ser atendida por otras fuerzas políticas.