La proposición de Ley de Asturianía, presentada por IU en la Junta General del Principado, ha sido respaldada por el PP, iniciando de esta manera su tramitación parlamentaria. IU está interesada en extender las prestaciones sociales, como el salario social básico o las plazas de residencias para la tercera edad, a los emigrantes. En la actualidad los emigrantes tienen reconocidos los derechos políticos y participan con su voto en la configuración de las instituciones, pero IU quiere aumentar su carta de derechos y para ello propugna esta norma, en la que también se crean figuras nuevas, como el “asturiano de adopción”, para dar un estatus de asturianía a personas que no tienen vínculos familiares con nuestra tierra, pero sí están relacionadas con ella por las actividades que realizan.
La necesidad de una Ley de Asturianía es opinable, como lo son las pautas que conlleva el proyecto de IU, al obligar el Principado a dar cobertura sanitaria y social a personas que viven establemente en lejanos países. El grupo parlamentario socialista votó en contra, al considerar que afecta a un campo de derechos que se deben delimitar en el nuevo Estatuto de Autonomía. El PP votó a favor de la tramitación, anunciando que quiere introducir modificaciones en la discusión parlamentaria de la propuesta de IU. Nada que objetar.
Todo las consideraciones realizadas hasta ahora tienen carácter secundario, porque lo verdaderamente importante de la cuestión está en el singular paso dado por IU al presentar en la Cámara una proposición de ley, una iniciativa parlamentaria que va ordinariamente ligada al Gobierno, al que se le supone la capacidad de proponer leyes. Los grupos de oposición presentan proposiciones no de ley. Esta pauta de conducta se sigue en todos los parlamentos democráticos. Cuando la oposición está en condiciones de presentar proposiciones de ley, lo primero que hace es introducir por registro una moción de censura. La última vez que pasó algo parecido fue en la primavera del año 2000, con la Ley de Cajas, cuando parte del grupo parlamentario socialista se pasó a la oposición y puso en aprietos al Gobierno de Areces. Llevábamos siete años sin anomalías institucionales. Vuelven las astracanadas.