Los ayuntamientos no deben financiarse adquiriendo una cuota de los Impuestos del Estado

Los alcaldes quieren subirse en marcha al tren de la negociación de la financiación territorial. El reparto de recursos entre las administraciones va a ser modificado por las urgencias de la Generalitat de Cataluña y a partir de ahí las posiciones de todos los entes quedarán afectadas. La situación es un tanto paradójica, porque la única Administración que pierde recursos en cada negociación es la estatal, pero no se queja del adelgazamiento de competencias y reservas financieras, mientras que las comunidades autónomas avanzan inexorablemente, bien sea con cambios normativos o por la vía de los regalos extraordinarios, como el que les hizo Zapatero en la II Conferencia de Presidentes para que taparan los agujeros provocados por la gestión sanitaria.

Los ayuntamientos vienen quejándose desde hace mucho tiempo. El único avance que tuvieron fue una mínima participación en la recaudación del IRPF, pero sufrieron, a cambio, la rebaja de ingresos al suprimirse el Impuesto de Actividades Económicas (excepto para empresas que facturan más de un millón de euros) que les aportaba el 20% de los recursos.

La distinta suerte que han corrido las comunidades autónomas y los ayuntamientos merece ser analizada. Ambas administraciones tienen fijadas unas competencias y el proceso de descentralización del Estado afecta a ambas. Las regiones no forman ningún frente solidario, pero ha bastado que las llamadas “comunidades históricas” hayan reclamado más poder al Gobierno central, para que el resto de comunidades fuese asumiendo competencias en un intento de igualación “por arriba” que se hace a costa de dejar al Estado sin apenas instrumentos para coordinar actuaciones y sin fondos para realizar políticas de cohesión. Sin embargo, los ayuntamientos reman todos en la misma nave, pero han sido incapaces de ejercer una presión eficaz ante el Gobierno central. Expuestos en términos políticos: las comunidades autónomas han sabido convertirse en un problema de Estado, mientras que las corporaciones municipales no han logrado ser interlocutores de elevado rango.

Por todo ello, los ayuntamientos sólo representan el 8% de los ingresos de todas las administraciones y suponen el 13% del gasto total. Otra suerte han corrido las comunidades autónomas que gastan el 36% del conjunto nacional y tienen el 22% de los ingresos. A efectos de comparación, este último dato (22% de ingresos) debería corregirse fuertemente al alza, porque los catalanes ya tienen asignado en su “Estatut” la recaudación del 50% del IRPF y del IVA, así como el 58% de los Impuestos Especiales (hidrocarburos). El Gobierno central acepta que el resto de comunidades lleve igual ración de los grandes impuestos estatales, así que después del verano, los ingresos de todas las comunidades autónomas estarán por encima del 30%. Para ser exactos ya lo está ahora por otra vía: los trasvases del Fondo de Suficiencia.

Los ayuntamientos cuantifican en 7.000 millones de euros su déficit de recursos y consideran que la mayor parte de ese dinero está en manos de las comunidades autónomas que actúan de forma centralista. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, asegura que los ayuntamientos tienen gastos generados por la dependencia, la igualdad, la violencia de género o la inmigración, sin recibir ningún ingreso a cambio, porque los retienen las comunidades autónomas. La desconfianza hacia los gobiernos autonómicos es tan grande que desde la FEMP van a solicitar del Gobierno central la creación de un instrumento que transfiera dinero a los municipios sin pasar por la comunidad autónoma.

RECETAS DE URGENCIA

Para salir de la actual penuria económica, los ayuntamientos van a pedir en la próxima reunión con el Ministerio de Economía que el déficit de los 7.000 millones de euros se asuma a tercios por las tres administraciones: 2.333 millones por el Gobierno, otro tanto por las comunidades y el resto por los municipios. Más allá de esta medida coyuntural, los ayuntamientos quieren abrir una negociación sobre la financiación municipal con el Gobierno para obtener un porcentaje en los tributos del Estado, en paralelo a la negociación de las comunidades autónomas con el Ministerio de Economía. ¿Qué decir de todo ello?

Ni blanco ni negro: gris. Las finanzas municipales están en la bancarrota, es un hecho. A esa situación se ha llegado por falta de instrumentos que generen ingresos de forma estable (los ingresos urbanísticos sufren altibajos) y por el irrefrenable gasto de muchos consistorios. Los alcaldes hacen caballo de batalla de las llamadas “competencias impropias” que han ido asumiendo sin que las comunidades autónomas les cubran financieramente. Ahora bien, los alcaldes, como todos los políticos en ejercicio, están dispuestos a asumir hasta la gestión de los hospitales y los centros de salud de sus municipios con tal de aumentar sus cotas de poder.

En cuanto a las medidas a adoptar, hay un par de cosas que es preciso decir a los alcaldes y que valen también para los presidentes autonómicos. La solución a todos los males no puede pasar por una mayor participación en los impuestos del Estado, porque la suficiencia financiera tiene que lograrse para las tres administraciones. Si descontamos a la Seguridad Social, la Administración Central sólo tiene ya en sus manos el 43% de los ingresos totales. La salida tiene que pasar, en gran medida, por ganar autonomía en los ingresos, como ya la ganaron en el gasto a través de la transferencia de competencias. Las comunidades autónomas tendrán que poner nuevos tributos para costear la Sanidad, y entonces seguro que controlarán más los gastos. Los ayuntamientos deberán obtener autorización para poner recargos sobre tributos autonómicos y estatales, sin acogerse al cómodo método de pedirle al Gobierno central una porción de la recaudación del IRPF o del IVA. Y por último, las finanzas municipales no se enderezan sin reformas municipales, empezando por esa aberrante división del mapa nacional en 8.111 ayuntamientos.