En la Ponencia que trabaja sobre la reforma del Estatuto de Autonomía se ha llegado al acuerdo de introducir la figura del decreto-ley. La decisión es fruto de la mayoría formada por PSOE y PP (91% de la Junta General del Principado) y contó con el rechazo frontal de IU, que ve en esa medida una forma de orillar el papel del Parlamento. El decreto-ley es una herramienta de gobierno que hay en las instituciones del Estado y no se entiende que no estuviera contemplada en el Principado. Su origen data de la Primera Guerra Mundial cuando los gobiernos se vieron en la necesidad de tomar decisiones urgentes y para ganar tiempo gobernaron por la vía de los decretos-leyes, una figura que cumple con la ejecutividad que precisa un gobierno en guerra y con las garantías democráticas de la aprobación del Parlamento. ¿En dónde reside la especificidad del decreto-ley? El decreto aprobado por el Gobierno es desde el primer momento una norma con todas las consecuencias, pero se debe enviar al Parlamento en un plazo corto y ser aprobada allí sin cambios. Si fuese preciso introducir una reforma en el Parlamento el decreto-ley quedaría arrumbado.

Es evidente que se trata de una herramienta legal que aumenta el poder de disposición de los gobiernos. No obstante, la oposición tiene las garantías suficientes para examinar el decreto y toda la libertad del mundo para rechazarlo en el Parlamento. En las instituciones estatales el plazo que media desde la aprobación de la norma hasta la convalidación parlamentaria es de un mes. La práctica parlamentaria demuestra que todos los gobiernos abusaron de esta norma, que la Constitución reserva para “caso de extraordinaria y urgente necesidad”, pero en la redacción del Estatuto se puede delimitar más su uso.

Aunque el asunto merece un comentario más largo, adelantemos ya que frente a la opinión de que los gobiernos en Asturias mandan mucho, hacen lo que quieren y pueden hacer mucho más de lo que hacen (reindustrializar, acabar con el paro, trazar varias líneas de AVE), la realidad demuestra que están sometidos a todo tipo de limitaciones. Está bien que el Estatuto reformado permita al presidente disolver la Cámara y poder tomar algunas medidas bajo la forma del decreto-ley.