Pedro Solbes ha asegurado que los problemas de la financiación municipal se pueden solucionar sin que los alcaldes tengan que subir los impuestos. El ministro de Economía afirmó que las llamadas “competencias impropias” (servicios que prestan los ayuntamientos sin ser de su competencia) son una responsabilidad de las comunidades autónomas, así que a ellas les toca financiarlas.

Es la primera vez en la democracia que todo un vicepresidente económico del Gobierno toma partido de una forma tan rotunda por la causa de los ayuntamientos. Los alcaldes acaban de escuchar de boca del Gobierno el mensaje que querían oír: las dificultades económicas que atraviesan los consistorios son responsabilidad de otras administraciones y la forma de enderezar las cuentas no tiene que ver con establecer nuevos tributos. Solbes no hace ninguna llamada a la responsabilidad de las corporaciones municipales sino que las deja en la menoría de edad, sin necesidad de obtener nuevos recursos y pasando la patata caliente a los gobiernos autonómicos. El presidente de la FEMP, Pedro Castro, había fijado la deuda municipal en 7.000 millones de euros, proponiendo pagarla a tercios entre las administraciones territoriales (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos). Tras las declaraciones de Solbes no creo que los alcaldes asuman los 2.333 millones de euros que les correspondían en la propuesta de Pedro Castro. Es mucho más ventajoso pasar la factura a las comunidades autónomas.

El Gobierno central iniciará, el próximo día 19, la negociación de la financiación municipal. Los alcaldes llegarán al primer encuentro con la moral muy alta, como corresponde a todo gobernante que tiene licencia para gastar con los tributos que recaudan otros. Como Solbes lleva muchos años en la vida pública es probable que su argumentación tenga como objeto poner en una tesitura incómoda a los gobiernos regionales con las que ha empezado a negociar, de forma bilateral, el nuevo modelo de financiación autonómica. Quizás el ministro de Economía quiera contar con los acaldes para dejar a los gobiernos autonómicos entre dos fuegos. Una táctica arriesgada, porque puede que, al final, le toque al propio Solbes apagar las dos hogueras.