Transportistas, pescadores, agricultores y taxistas convergen en sus protestas contra el Gobierno. Empresarios, trabajadores por cuenta ajena y autónomos practican el cierre patronal o la huelga para que el Ejecutivo atienda sus demandas. Colectivos numerosos exigen la solución al Gobierno de un problema que no ha contribuido a crear: el precio del gasoil.
Hace un año el barril de petróleo se vendía en los mercados internacionales a 70 dólares y ahora roza los 140. Los derivados del crudo han experimentado una subida similar a la del petróleo, complicando la existencia a los sectores laborales que hacen un uso intensivo de los hidrocarburos. Ante esta situación, los colectivos laborales no entran en litigio con sus proveedores o clientes, sino con el Gobierno. Todas las medidas que se barajan –petróleo profesional, tarifas mínimas de transporte, repercusión automática del precio de las subidas del gasoil en los contratos, aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social, bonificaciones fiscales- tienen como destinatario al Gobierno, que debe echar mano de la caja del Estado para compensar la subida del petróleo o imponer cláusulas a las empresas que tienen relaciones comerciales con los sectores afectados directamente por la subida del crudo. Dicho de otra manera: unos españoles se unen para pedir al Gobierno que el resto de los españoles les dé más dinero. Esta es la ley oculta que rige en todo tipo de subvenciones públicas.
Coincidiendo en el calendario, el Ministerio de Industria revisa la cuantía del recibo de la luz, al aplicar una subida en la tarifa del cinco o el seis por ciento. Un incremento que se debe sumar al realizado al principio de año, así que en un semestre el recibo de la luz habrá conocido una subida cercana al ocho o al nueve por ciento.
Aunque la decisión del Gobierno viene endulzada con una promesa de tarifa social, practicable únicamente para los hogares con un equipamiento eléctrico propio de los tiempos de la autarquía, la respuesta del público es unánime: rechazo al incremento del precio de la electricidad. No le gusta la propuesta a las familias y tampoco a las empresas. El consenso es tan grande que logra lo más difícil, al estar en contra los operadores eléctricos, que pedían una subida del 20%, y los grandes consumidores de electricidad que quieren mantener las tarifas reducidas.
De todos los rechazos sociales, tanto los producidos en la calle, la carretera, el campo y el puerto, como los registrados en las encuestas, cabe colegir que el Gobierno de Zapatero va a sufrir un rápido desgaste en el primer año de legislatura. Como la crisis económica no va ser un breve paréntesis en nuestras vidas, el deterioro de la actividad económica dará paso a un malestar social creciente y a partir de ahí empezará la erosión del Gobierno. Aunque los grupos de oposición están muy debilitados, los ciudadanos se encargarán de hacer directamente de oposición.
Justo es reconocer que en su primera legislatura el presidente Zapatero no supo vender la bonanza de la economía española. Durante gran parte del mandato, el tiempo que va desde la gestación del “Estatut” (verano de 2005) hasta la ruptura definitiva de la tregua por parte de ETA (junio de 2007), el incremento del PIB y la creación de empleo estuvieron ausentes del discurso político, para recuperarlos en los nueve meses últimos de la legislatura, cuando se acercaban las elecciones. Al cambiar el ciclo, la única estrategia del Gobierno pasa por reivindicar el valor del eufemismo en la explicación de la coyuntura: desaceleración económica en vez de crisis. Si no fuera porque resulta muy ofensivo, diría que me recuerda la técnica de los partes de guerra alemanes ante la arrolladora progresión de los ejércitos aliados: “avances elásticos de la retaguardia”. Así se denominaba el repliegue sobre Berlín.

EL GOBIERNO VA A SUFRIR UN RÁPIDO DESGASTE EN EL PRIMER AÑO

En las dos últimas semanas ha faltado un portavoz del Gobierno capaz de llamar a las cosas por su nombre. No hubo ningún miembro ni miembra del Gobierno capaz de hacer pedagogía social, como la hacía, en televisión, el vicepresidente del Gobierno, Fuentes Quintana, preparando el camino para los Pactos de la Moncloa. Antes de que la vida nacional sea un guirigay, hace falta que alguien se ponga delante de un micrófono para decir que la crisis de la energía es un choque externo, imposible de solucionar intercambiando el dinero entre españoles. Disfrazar el brutal encarecimiento del crudo echando mano de la Hacienda del Estado sólo servirá para hundirnos más en la crisis.
El cambio de ciclo empezó con la contaminación del tejido financiero por el mal de las “hipotecas basura”, teniendo como resultado, en España, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Pero ahora ha emergido con toda su crudeza las consecuencias de la escalada del precio del petróleo. Con la crisis energética nos hemos topado por tercera vez en 35 años, y eso no se soluciona con líneas especiales de crédito ni con regalos de 400 euros. Hay que tomar medidas a corto, medio y largo plazo, sin caer en los errores del pasado: en cuanto bajó el precio del crudo se aplicó la moratoria nuclear.
FIN DE LA MORATORIA
A corto plazo hay que ahorrar energía, y no hay mejor inhibidor del gasto que la aplicación de un precio real al consumo. Es bueno que la gente viaje menos en coche y en avión. Así, como suena. ¿Cómo puede ser que el precio del petróleo se haya duplicado en un año y el consumo de gasoil sólo haya descendido un 10%? Y si hay que dar ejemplo se reducen cargos públicos y se aligeran las flotas de flamantes berlinas de cinco metros de largo. Miguel Ángel Revilla no se deprime por usar un taxi convencional.
Es urgente revisar las previsiones energéticas para acelerar la extensión de las energías renovables y rebajar las aportaciones de combustibles fósiles, todos ellos marcados en los mercados por el curso que toma el precio del petróleo. Y hace falta terminar con la moratoria nuclear, la única manera de tener autonomía energética y de rebajar el CO2 que se expulsa a la atmósfera. Estas medidas precisan de un pacto PSOE-PP sobre la energía, tan necesario como lo es la renovación del Pacto de Toledo para la sostenibilidad financiera de las clases pasivas.
Hay que hacer política, señores del Gobierno, ya llegará el tiempo de introducir enmiendas “de género” en el diccionario de la RAE.