La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acepta la propuesta del PSOE de elaborar un código de medidas anticorrupción, y pronto se pondrán a trabajar sobre las propuestas sugeridas por Álvaro Cuesta. En España hay más de 8.000 ayuntamientos formando un mosaico de realidades distintas, así que no cabe prescribir una misma receta para todos ellos. Por ejemplo, en Gijón, hablar de transparencia sobre sueldos públicos no tiene mucho sentido cuando la propia corporación municipal ha publicitado con gran detalle el patrimonio de los ediles. Otras propuestas, como crear comisiones mixtas para analizar contrataciones, sólo servirá para retrasar las decisiones.

El elemento más conflictivo de la actividad municipal es el desarrollo del urbanismo, porque los terrenos pueden pasar de “valer cero”, como dijo un conocido ex edil de urbanismo, a venderse por millones de euros. La potestad sobre esa decisión corresponde al equipo de gobierno, y siempre hay formas de presentar como lógico lo que puede ser arbitrario. La única forma de prevenir actuaciones delictivas sería elaborar una normativa muy simple, de manera que el intervencionismo municipal quedara reducido al mínimo, pero lo último que van a soltar los alcaldes es el control sobre el suelo. Sin el dominio del suelo, el poder de los alcaldes queda reducido a los uniformes de la Policía Municipal.

En las democracias hay un método para luchar contra la corrupción que es tan antiguo como Montesquieu: la separación de poderes. A día de hoy, donde mejor opera esa norma es en Estados Unidos, el país del mundo donde sale más caro infringir las leyes: los responsables de las quiebras bancarias por las hipotecas basuras ya están compareciendo ante los jueces. Para aplicar un método así hace falta crear compartimentos estancos, de manera que el Gobierno, el Parlamento y el Poder Judicial, sean independientes, unos de otros, y practiquen una sana desconfianza mutua. En España, se opera al revés: los poderes del Estado entrelazados por nombramientos y el discurso oficial lamenta que una ínfima minoría de ediles empañe el prestigio de una abrumadora mayoría de cargos públicos impolutos y abnegados. Ese es nuestro código anticorrupción.