Se debatieron en la Junta General del Principado los principios que va a defender Asturias en la negociación sobre financiación autonómica. El presidente Areces señaló los aspectos que va a poner en valor el Principado para adoptar el nuevo sistema, relacionados con el envejecimiento, la dispersión, la orografía y la renta relativa. Para que no hubiera dudas, el jefe del Gobierno señaló que no aceptará remodelar el modelo de financiación en función de la población, como quieren las comunidades autónomas más poderosas. Ovidio Sánchez mantuvo una postura constructiva en el debate, lo que no fue óbice para culpar a la Generalitat de haber quebrado el actual modelo de financiación, sobre el que había un consenso. Jesús Iglesias señaló que la solidaridad debe dar paso a la convergencia.

Con matices, los tres grupos parlamentarios comparten la misma posición. Y ninguno de los tres está libre de reproches. Es cierto que la negociación viene forzada por las presiones de la Generalitat socialista, que lleva desde principios del año 2004 dando la lata con la publicación de las balanzas fiscales y con la necesidad de acotar la solidaridad interterritorial. Ahora bien, los populares también se plegaron ante las posturas insolidarias de los nuevos estatutos de autonomía de la Comunidad Valenciana y de Andalucía. En cuanto a IU, es bien conocida la capacidad que tiene para asumir las tesis más radicales de cada territorio sin miedo a caer en flagrantes contradicciones, por eso apoya la postura del lendakari de mantener una “relación amable” con España, se apunta a las tesis del tripartito catalán y entona el discurso de la convergencia desde Asturias. Dicho de otra manera, el problema que tenemos los asturianos es que los partidos que nos representan adoptan tantas posturas como comunidades autónomas hay en España.

Mientras sus señorías debatían en la Junta, el catedrático de Hacienda de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio, ponía el dedo en la llaga en las jornadas sobre modelo territorial que organiza UPyD, en Llanes, al decir que la financiación no es una cuestión de solidaridad, sino de equidad y justicia. Como señaló Monasterio, lo más preocupante es que se conocen todas las posturas, menos la de Pedro Solbes.