A los alcaldes asturianos les parece bien la aplicación en sus ayuntamientos del código de buenas prácticas que estudia la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La propuesta surgió tras el escándalo de Estepona y por eso se la conoce como código anticorrupción, aunque los mecanismos para realizar actuaciones ilícitas no se vean afectados.

Tener reuniones periódicas con la oposición puede ser una medida acertada, pero no tiene nada que ver con la lucha anticorrupción. Como tampoco ayuda crear una comisión de quejas o de participación ciudadana para evitar enriquecimientos ilícitos. Controlar el sueldo de los alcaldes, a través un baremo de valoración objetivo (número de habitantes, volumen del presupuesto municipal, situación económica del concejo), no sirve para mucho, ya que los robos no se producen a través de la nómina. Crear un defensor del contribuyente no pasa de ser otra forma de cargar el gasto de los ayuntamientos con una figura inútil, porque para defenderse de los catastrazos ya están los recursos administrativos ordinarios y la vía jurisdiccional. Y qué decir de la realización de un pleno monográfico sobre el estado del municipio, como forma de luchar contra la corrupción y de apuesta por la transparencia: pura grandilocuencia. De todas las medidas presentadas, la única que pudiera ser efectiva para luchar contra la corrupción es la de dar más participación a los partidos de la oposición en las mesas de contratación.

Hasta la fecha, la mayor parte de los escándalos municipales surgieron en la costa mediterránea y en municipios de gran crecimiento urbanístico. En la gestión urbanística se concentra la corrupción, porque el poder de los ayuntamientos a la hora de calificar los terrenos es muy discrecional. Aquí se puede calificar y en la finca de al lado no se puede hacer nada. Asociar esas decisiones a compra de voluntades no es algo extraordinario. Los organismos de control urbanístico de las comunidades autónomas no sirven para luchar contra las corruptelas, porque una cosa es velar por el acierto en el planeamiento y otra muy distinta es evitar que las empresas y los ediles se entiendan por debajo de la mesa. El código anticorrupción es una campaña de imagen para los alcaldes.