El Gobierno regional valora positivamente las ideas que defienden los empresarios sobre la elaboración de los presupuestos del Principado del próximo ejercicio, aunque discrepa sobre la propuesta de moderar el gasto social. El Ejecutivo recuerda que el gasto social genera empleo, y que la puesta en práctica de la Ley de Dependencia creará una industria asistencial llamada a absorber los puestos de trabajo que se pierden en el sector inmobiliario.

Está visto que el gasto social es el tema que centra los prolegómenos del debate presupuestario. Se pueden establecer algunas premisas, añadir algún dato, y a partir de ahí mantener opiniones. Vamos a ello. El gasto social no es sinónimo de despilfarro o de desperdicio de los recursos. En los países más avanzados buena parte de los impuestos se dedican a gasto social, tanto si gobierna la izquierda como la derecha. El gasto social no sólo es un rasgo de sociedades compasivas o el ejemplo de un gobierno solidario, sino una pieza insustituible en un sistema que quiere ser eficiente. Ahora bien, el gasto social crece cuando crece la riqueza, porque se basa en pasarle facturas al presupuesto, y el presupuesto depende de la recaudación fiscal. Por crudo que resulte decirlo, la experiencia enseña que los derechos sociales se extienden en los países en función del crecimiento de la renta per capita. En ese sentido, la Ley de Dependencia, el llamado “cuarto pilar” del Estado del Bienestar, llega en un momento especialmente complicado para los presupuestos públicos, como ha insinuado, más de una vez, Pedro Solbes.

En los ambientes económicos asturianos es conocido el interés de algunos empresarios en hacer una incursión en el mundo de las prestaciones sociales, creando empresas de servicios. No es un invento del Principado, es un hecho. También es cierto que el gasto social concentra dos tercios de los recursos que tiene en sus manos el Gobierno regional así que no cabe aumentarlo de una forma sustancial. El gasto social debe acompañar las necesidades más urgentes de los ciudadanos, pero supeditado a los márgenes que permita la crisis económica. Los acuerdos políticos no deben conllevar un mayor endeudamiento, porque por esa vía, a medio plazo, aumentará la emergencia social.