La presencia de Zapatero en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, ayer, y la reunión del Consejo de Ministros, hoy, constituyen sendos gestos del presidente para demostrar a los ciudadanos que el Ejecutivo se toma en serio la crisis. La opinión pública no entendió que Zapatero se resistiese durante largos meses a pronunciar la palabra ‘crisis’ para referirse al declive de la economía española. Los eufemismos sobre la situación económica, definida por el presidente como de ‘desaceleración’, acabaron por ser un ejercicio de voluntarismo para no reconocer la realidad de un mercado de trabajo que vio cómo registraba en poco tiempo 300.000 nuevos desempleados. La crisis es tan evidente que en el segundo trimestre el incremento del PIB ha sido de orden decimal. Las elecciones de marzo fueron la causa de que el Gobierno hiciera un diagnóstico tan optimista de las expectativas económicas, hasta el punto de llamar resfriado a la pulmonía. Todos los gobiernos europeos encaran la crisis económica, pero sólo en España se ha negado su existencia y se puso en práctica una medida tan contraproducente como devolver, indiscriminadamente, 5.000 millones de euros a los contribuyentes. El crédito del Gobierno se resintió con estas actuaciones.

Las medidas que ahora quiere poner en práctica el Gobierno son lógicas, porque tratan de dinamizar la actividad sin aumentar el déficit. Reducir los trámites burocráticos e incentivar la competencia es un acierto, aunque ya se deberían haber puesto en práctica durante los tiempos de bonanza. Llama la atención que el vicepresidente Pedro Solbes pida ahora una mayor apertura del sector servicios, cuando una de las principales razones que explica el diferencial de inflación entre España y la UE es la escasa competencia en nuestros servicios, con situaciones tan clamorosas como las que se dan en el mercado eléctrico o en el de las comunicaciones.

Está bien que el Gobierno se ponga corbata en agosto para transmitir el mensaje de que ante la crisis no caben veraneos frívolos, pero ahora hace falta apelar al reparto de costes, entre agentes económicos y sociales, como exige una crisis que aúna inflación y paro.