En una entrevista que se publicaba ayer en este periódico, el vicerrector de la Universidad de Oviedo, Santiago Álvarez, afirmaba que «ni la Universidad ni la Administración saben lo que cuestan sus servicios». Partiendo de ese desconocimiento es difícil que el Principado financie adecuadamente a la institución académica. Esa constatación no deja de ser una pequeña parte de los dislates que se pueden cometer con el dinero público si ampliamos el campo de observación y pasamos de la Universidad a la financiación autonómica.

El día 28, Pedro Solbes comparecerá en el Congreso para explicar el modelo de financiación. La información que obra en manos del vicepresidente del Gobierno es insuficiente, pese a ser el político que tiene más datos sobre la materia, porque en España no se han introducido, con un mínimo rigor, instrumentos de contabilidad analítica en la Administración que permitan ponderar los costes. A partir de aquí los cálculos se hacen sobre criterios parciales e interesados. Unos ponen el acento en los viejos; otros cuentan los niños en edad escolar; y los terceros dicen que los inmigrantes salen muy caros. El resultado final es que el Gobierno tendrá que poner dinero para llegar a un equilibrio entre las demandas de unos y otros.

Aunque la reflexión tenga una apariencia burocrática, resulta dramática, porque con esa suma de ignorancia e interés se ha llegado a despiezar la Hacienda del Estado, entregando, a ojo, un porcentaje de los recursos. Un 15% del IRPF en tiempos de Felipe González; un 33% del IRPF y 35% del IVA en la época de Aznar; y ahora la entrega de ambos impuestos ya va por el 50%. Las mayorías simples y las demandas nacionalistas han acelerado la centrifugación de recursos. Con ese método los distintos gobiernos de España han reactualizado la «doctrina del apaciguamiento». La estrategia se reduce a ganar tiempo, como Chamberlain ante Hitler. Nadie duda que dentro de unos años, el Montilla de turno pedirá más dinero de la caja común, tomando como referencia los modelos vasco y navarro, que tienen una financiación óptima: se quedan con el 100% de los grandes impuestos y que Zapatero les pague la alta velocidad (5.000 millones de euros) o la implantación de la Ley de Dependencia. Por eso Ibarretxe habla de «Estado asociado», el único Estado con superávit asegurado.