En contestación a una pregunta parlamentaria, el Gobierno aclara que la supresión de los peajes de las autopistas debe ser pagada por las comunidades autónomas que lo demanden. Dicho así, sin dar más explicaciones, parece una forma de desentenderse de las peticiones de los ciudadanos, pasando la pelota a los gobiernos regionales. En cualquier caso, la actuación sobre los peajes, como la construcción de nuevos trazados de carreteras, no responden siempre a peticiones hechas por los representantes de los territorios afectados, sino que la mayor parte de las veces se trata de iniciativas de los líderes nacionales, realizadas en vísperas electorales.

El 9 de marzo de 2004, el entonces jefe de la oposición y candidato a presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió en Gijón que el futuro Gobierno socialista procedería a suprimir el peaje del Huerna. Fue un compromiso libre, asumido por Zapatero, con el evidente fin de obtener más sufragios en los comicios que se celebraban cinco días después. El Gobierno de Aznar acababa de hacer una operación insólita: prolongar el peaje por veintinueve años, sin más justificaciones, para luego privatizarlo. La contestación de Zapatero era de libro, aunque al ganar las elecciones estaba obligado a cumplir la promesa. En la pasada legislatura, ya gobernando, el presidente Zapatero tomó dos medidas sobre el peaje del Huerna. La primera fue rebajar la tasa en un 30% para los transportistas; la segunda consistió en ofrecer un sistema de descuentos sobre el peaje a los usuarios que frecuenten la autopista.

Se trata de dos iniciativas interesantes, aunque no son equivalentes a rescatar el peaje. En la última campaña electoral, Zapatero no aludió al rescate del peaje del Huerna, pero el compromiso sigue ahí pendiente de cumplimiento. Llevar a cabo la liberación del gravamen supone una iniciativa muy cara que no bajaría de los 1.000 millones de euros. Ahora, con la crisis económica, es prácticamente imposible llevarla a cabo. El Gobierno ha hecho grandes inversiones de dinero en Asturias durante el último mandato, así que lo políticamente sensato sería dar la cara, proponer nuevas rebajas del peaje, y decir que no puede hacer más en las actuales circunstancias.