Por segunda vez a lo largo del verano, el ministro de Economía ha chocado con todos los grupos de oposición al exponer su modelo de financiación autonómica. Las buenas palabras de Zapatero no tienen continuidad en el discurso de Solbes, que diverge de las fuerzas catalanistas sin ganarse el respaldo del resto de los grupos. Ha empezado la cuenta atrás del plazo fijado por Zapatero para llegar a un acuerdo (tres meses) sobre financiación autonómica y las cosas están más distantes que al principio. El Gobierno está aislado.

El método que sigue el Ejecutivo es el opuesto al que dicta el sentido común cuando se entabla una negociación. Lo lógico es expresar las reservas al principio, explicitando unas premisas a las que no se piensa renunciar, para luego ceder en algunos asuntos en aras del consenso. En este caso, el Gobierno hace el recorrido inverso: respalda todos los estatutos y asegura que implantará un nuevo modelo de financiación con el que saldrán ganando todos los territorios, para luego imponer unas condiciones que chocan con la letra de algunos estatutos y con los deseos de los gobiernos regionales. A eso se llama crear expectativas para desmentirlas con los hechos.

Hecho el reproche, digamos que el Gobierno tiene argumentos sobrados para endurecer su discurso, y que ya era hora de empezar a decir las cosas que no quieren oír los dirigentes autonómicos, sin maquillar la realidad.

En el Parlamento, Solbes y los portavoces catalanistas emplearon mucho tiempo en discutir sobre el carácter bilateral de la negociación, algo que desde fuera de Cataluña se ve como un sinsentido. En este punto, los dirigentes catalanistas llevan algo de razón, ya que desde que Felipe González perdió la mayoría absoluta, las novedades en el modelo de financiación vinieron introducidas por la Generalitat: cesión de la recaudación del 15% del IRPF (año 1993) y, posteriormente, con motivo de la negociación de la primera investidura de Aznar, elevación del porcentaje de cesión al 30%. Esas conquistas de la Generalitat se extendieron al resto de comunidades autónomas.

La bilateralidad se mantiene, ahora, en buena medida, ya que la cesión del 50% de la recaudación del IRPF y del IVA, así como del 58% de los Impuestos Especiales, está en la letra del ‘Estatut’, y se propone su extensión a todas las regiones. El problema está en que otros contenidos del ‘Estatut’ sobre financiación no pueden trasladarse mecánicamente al resto de territorios porque son lesivos para sus intereses. Por esa razón entra en juego la multilateralidad de la negociación.

La discusión sobre bilateralidad y multilateralidad tiene otro trasfondo que es la escasa entidad de un órgano, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para llevar a cabo una negociación de tanta envergadura que debería corresponder íntegramente al Parlamento. Si el modelo de financiación autonómica se pactara en el Parlamento (para lo que se necesitaría una Cámara de naturaleza territorial en la que tuvieran asiento las comunidades autónomas), le sería más difícil exigir a los catalanes una negociación exclusivamente bilateral.

El vicepresidente del Gobierno comenzó a interpretar el modelo de financiación como un conjunto de derechos y deberes de las comunidades, lo que supone una novedad, porque hasta ahora todas las obligaciones recaían sobre el Ejecutivo central. Los gobiernos regionales, en materia de gastos e ingresos, vivieron siempre en una confortable minoría de edad, que les permitía pedir sin límites.

Solbes argumentó que no es razonable bajar los tributos autonómicos mientras se pide más dinero al Estado. En este asunto hay un comportamiento unánime: ningún gobierno regional utilizó el tramo autonómico del IRPF para obtener más recursos. La idea de que el Estado puede transferir más dinero pero que las comunidades no pueden obtener ni un euro más de sus ciudadanos es, sencillamente, ridícula.

El gasto descontrolado

Abierta la discusión sobre los ingresos propios de las comunidades autónomas, hay que rematarla cuestionando las partidas de gasto. El área que concentra más inversiones y gastos por parte de las comunidades es la sanidad. Todos los consejeros de Economía dicen que la sanidad presenta insuficiencia financiera, pero ninguno habla de recortar gastos y de adaptar la red de servicios a los recursos. Es más, la construcción de nuevos hospitales y las sensibles mejoras salariales a los profesionales se convierten en un elemento de propaganda, como si fuesen rasgos distintivos de los territorios: «nuestra potente red pública sanitaria».

Los mismos que exigen más dinero pretextando una supuesta insuficiencia financiera para cubrir la sanidad son incapaces de preguntarse si el Estado, tras trasvasarles más recursos, padecerá esa misma insuficiencia para construir carreteras o trenes de alta velocidad.

Son cuestiones básicas que el Gobierno debería plantear a todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el caso asturiano, el envejecimiento de la población es una fuente de gasto extra en la sanidad, pero debería suponer un recorte en el gasto global en Educación. Si somos la región con menos habitantes entre los cero y los quince años, no se entiende por qué nuestra región presenta un gasto educativo tan alto. La misma Universidad de Oviedo, con un tercio de alumnos menos que hace diez años, tiene un gasto creciente. Puede que necesitemos más médicos, pero no más profesores.